¿ACABAR CON LA CRISPACIÓN?

Está muy de moda rasgarse vestiduras y golpearse los pectorales ante la insufrible crispación vivida esta legislatura. Todos, o muchos, invocan a los dioses conocidos para que tal infierno no se vuelva a repetir ( en justicia diremos que se apela más a los dioses afines al PP). Muy poquito hemos leído sobre las razones políticas y fundamentales de esta crispación, y, por lo tanto, sobre cómo evitarla.

La versión oficial.- "pelín" sesgada, "pelín" interesada- reprocha al PP sus malos modos, su santa cólera extravertida permanente y, dejándolo caer, su falta de sentido de Estado. ¿Eso es todo? Sería poco serio pensarlo.

Se nos antojan, al menos, cuatro motivos para la alta tensión que ha caracterizado al cuatrienio:

a/ En primer lugar, sin duda influyó en la primera parte la horrorosa tragedia que presidió las elecciones, lo que provocó un trauma en el PP que tardó tiempo en digerir democráticamente. Parece que este factor ya pasó.

b/ En segundo lugar, y para el que suscribe un motivo esencial, es que el Gobierno de esta legislatura no ha sido una alternancia al uso. Este Gobierno, aparte de gestionar con menor o mayor acierto los asuntos habituales ( Ley del divorcio, Ley de Dependencia, infraestructuras, economía, etc…) ha dado un vuelco prácticamente revolucionario en su actitud ante la Constitución y ante el separatismo. Este Gobierno se ha entregado en manos de los separatistas durante casi toda la legislatura ( alianza inaudita con ERC, cesiones políticas al separatismo vasco, estatuto de Cataluña, etc…).En una palabra, este Gobierno se ha cargado el espíritu de la Transición y ha permitido la aceleración del desguace de España. Este tipo de medidas y decisiones políticas no son de orden rutinario, y quién se opone a ellas, no puede oponerse tibiamente, porque son raíces fundamentales de la existencia y de la convivencia.

Uno no está discutiendo unos euros de más en el salario mínimo; está debatiendo sobre la ruptura de la unidad de mercado en España; uno no está discutiendo sobre lo atinado del informe Pisa, está luchando porque sus hijos puedan estudiar en castellano en toda España; uno no está discutiendo sobre la sustitución de los gobernadores civiles, está peleando porque no haya una relación bilateral entre una región y el Gobierno de España; en fin, uno no está discutiendo para que España mejore, sino para que, por lo menos, no sea un Estado residual. Estos temas no pueden ser objetos de retórica florentina. No es tanto porque levanten pasiones, sino porque levantan desesperación. Cuando uno tiene la impresión -equivocadamente o no- de jugarse el ser o no ser, de jugarse su existencia (como Nación, por ejemplo), uno grita. El revolcón dado a una serie de valores fundamentales, otrora compartidos por todos, ha influido muy mucho en que subiese el tono en esta legislatura..

c/ Un tercer motivo, ligado al anterior, es que los partidos separatistas, con la etiqueta de nacionalistas o no, a la vista del giro copernicano de la izquierda, se han envalentonado y han exacerbado sus posiciones políticas impunemente hasta límites insoportables.

d/ Finalmente y como cuarto motivo, el mayor partido de la oposición sin duda ha mantenido una permanente actitud destructiva, negativa y muy agresiva. Ha trasladado su energía y acritud ante los graves dilemas arriba señalados a cualquier decisión del gobierno, así fuera de nimia, rutinaria o….acertada. Ha bañado todo el cuatrienio en ambiente de bronca.

Y ahora, ¿existen remedios de cara al futuro?. Permítasenos algunas ideas.

a/ Para evitar la crispación, creemos absolutamente indispensable que se den Pactos de Estado en temas esenciales para la convivencia ciudadana, indispensablemente en consolidación del Estado, educación e igualdad de derechos de todos los ciudadanos españoles. Así lo ha reclamado ya un partido de la tercera vía: Ciudadanos.

b/ Creemos también que el PP debería evitar llevar todos los temas sociales a temas esencialistas y morales, como si cualquier decisión política que no comparte ofendiese al mismo Dios. Por ejemplo el PP puede no compartir que se matrimoneen los homosexuales, pero llevarlo al Constitucional es perder credibilidad por exagerado.

c/ Creemos que los portavoces y los secretarios de organización de los dos partidos actualmente mayoritarios deben desaparecer de sus funciones y de nuestras radios y televisiones. Son responsables directos de la crispación más zafia e intelectualmente más mísera.

d/ Creemos que ambos partidos han de acordar apoyarse cuando se trate de evitar el chantaje separatismo-nacionalista.

e/ Y creemos, sobre todo, que la población debe demostrar su hartura ante los partidos tradicionales y crispantes y optar por votar a nuevos partidos honestos y con espíritu renovador como, por ejemplo, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

Enrique Calvet

Balancines fiscales

Casi nos la cuelan.

Llevábamos años de burda manipulación de los nacional-separatistas en torno al manido asunto de las balanzas fiscales, y ahora resulta que a cuenta de un nuevo estudio –“Las balanzas fiscales de las comunidades autónomas con la Administración Pública Central (1991-2005)”, de Ezequiel Uriel y Ramón Barberán, publicada por la Fundación BBVA en noviembre de 2007–, ahora resulta, digo, que las conclusiones son las mismas… pero al contrario: que la comunidad expoliada o solidaria– que cada cual elija la terminología de sus amores– es Madrid y no Cataluña.

En un estudio elaborado en noviembre desde el prestigiosísimo Cercle d’Estudis Sobiranistes, titulado con un suficientemente expresivo “Infraestructures a Catalunya: un col·lapse anunciat”, los autores del raquítico estudio –10 páginas tan sólo– sabían sobreponerse a las grandes dificultades metodológicas presentes en los trabajos de estas características, para concluir, con tintes paranoico-conspirativos, y evidenciando una nula capacidad de sorpresa: “Sin Estado, Cataluña no tiene futuro. Con el Estado al contra, no tiene ni presente”.

En marcado contraste con ejemplos tendenciosos hasta el extremo como el recién citado, el estudio de Uriel y Barberán, en un afán encomiable, anunciaba su pretensión de perfeccionar la metodología de cálculo de las balanzas fiscales. Y es por ahí por donde caminamos en la dirección correcta, como muy bien ha escrito el economista asturiano Manuel Sarachaga.

Más que lanzarse a interpretar los resultados aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, tal y como se apresuraron a hacer los grandes medios tras el anuncio de su publicación, el trabajo de Uriel y Barberán debe ser examinado meticulosamente desde una óptica metodológica.

Así, en este estudio de la Fundación BBVA , los resultados se obtienen con arreglo al denominado enfoque ‘carga-beneficio’ para todas las autonomías en el período comprendido entre 1991 y 2005. Según este enfoque, los ingresos de la Administración Central se imputan al territorio donde residen las personas que, finalmente, soportan su carga. Los gastos, por su parte, son atribuidos al territorio donde residen las personas que disfrutan de sus beneficios.

Por evidente que pueda parecer esta opción metodológica, conviene detenerse un instante en los distintos modos de imputar ingresos y gastos. Los criterios de ‘territorialización’ contienen la mayoría de las claves interpretativas de los resultados matemáticos obtenidos.

Por el lado de los ingresos, por ejemplo, es preciso abordar el problema del tratamiento otorgado al impuesto de sociedades. Todas las empresas, por más que operen en el ámbito nacional, tienen su sede social en una localidad y comunidad autónoma determinada. Estas empresas, sin embargo, extraen su beneficio antes de impuestos –magnitud objeto de gravamen– de las múltiples transacciones de naturaleza comercial efectuadas a lo largo y ancho del territorio.

Siendo esto así, resulta difícilmente justificable contabilizar en los cálculos de balanza fiscal esos impuestos sobre el beneficio como ‘propios’ –mediante dudosas asunciones intermedias– de los territorios donde las empresas gozan de claros incentivos para fijar sus centros corporativos –Madrid y Barcelona principalmente en el caso español–.

Y como este ejemplo otros tantos. Las balanzas fiscales son instrumentos toscos. No se pueden blandir frívolamente como armas políticas en un sentido u otro.

Pero que nadie se alarme por estos incómodos obstáculos teóricos a la manipulación informativa. Existe un buen modo de corregir el injusto expolio o la excesiva solidaridad de esa criatura llamada balanza o balancín fiscal –por su incontestable contenido ludo-político–. Consiste, para el caso catalán, en anexionarse territorios con contribuyentes de poca estofa en la limítrofe provincia de Teruel. ¿Creen que es broma? Pues si consultan la edición catalana del Trivial Pursuit –Trivial Catalunya– quizá empiecen a pensar que no lo es tanto….

Jacobo Elosua

Dignidad para la ciudadanía

A mi amigo Norberto.

Veamos la situación. Nuestro dinero vale mucho menos. Debido a la inflación galopante, los mil euros del célebre mileurista compran menos cosas todavía. Nuestros ahorros, si están en depósito o renta fija, valen menos. Es decir, en general, somos más pobres salvo algunos como los que acceden a la condición de pensionista o de parado que son…. ¡mucho más pobres! Si nuestros ahorros (el que tenga) se han colocado en la compra de algún piso, éste vale menos y valdrá menos, a la vez que será mucho más difícil convertirlo en liquidez ( o sea, venderlo o trocarlo por un préstamo bancario). Lo dicho, somos más pobres. Quedaría la bolsa, las acciones. Está estancadilla dentro de su volatilidad ( que lo que sube hoy baja mañana) y los "expertos" le pronostican pocas alegrías. Aparte de no ser una solución para un gran número de compatriotas. O sea que no nos saca de pobres.

Como somos más pobres, los bancos nos prestan con más dificultad (nuestro piso avala menos) y mucho más caro. Pero es que, además, una serie de insensatos de la banca mundial que se habían dedicado a prestar a troche y moche a cualquier pringadete, no han logrado recuperar esos dineros (normal) y se han quedado con las cuentas temblando. Es decir que también son más pobres (los bancos, no los banqueros) y aún prestan mucho menos y mucho más caro. Sobre todo prestan menos y más caro a las empresas, que, además ven como les compramos menos cosas porque somos más pobres. Como desde fuera de España tampoco les compran gran cosa porque nuestros precios suben más y tenemos menor competitividad por problemas estructurales no resueltos, resulta que tienen que producir menos, lo que significa menor contratación de currantes y mayores despidos. –Dicho sea de paso, cuando se habla de problemas estructurales, a algunos se les hacen los dedos huéspedes y se van al despido barato. Pues sepan que la ruptura de la unidad de mercado, un sistema educativo calamitoso y una clase política nefasta son mucho más graves problemas estructurales-.

Si todos somos más pobres y hay más desempleados, es necesario tener un buen "salario social" (educación y sanidad públicas, ayudas al parado, fuerzas de seguridad abundantes, justicia) para no tener que pagarnos nosotros las cosas a nivel privado. Pero como se ha jugado desde hace años al peligroso divertimento de "hago como que te bajo los impuestos a costa de tu salario social" , porque hemos decidido no ser como Suecia, que está "démodée", pues por ahí también somos más pobres, ya que nos subirán los impuestos, mal y a destiempo, y tendremos que pagarnos las cosas privadamente y más caro.

Se podría haber enfocado el modelo por otra punta y añadido más variables, pero la conclusión sería la misma. Somos más pobres que hace un año, y vamos a serlo más.

Todo esto acompañando una injusta distribución de la renta y riqueza que alcanza cotas inmorales y nunca vistas en la historia reciente y no tan reciente. O sea que "El Pocero" es infinitamente más rico y los poceros son mucho más pobres.

Les voy a contar dos remedios nacidos de la "Nueva Política Económica del PSOE" que he leído en prensa poco ha. Una consiste en que comamos conejo, que está barato. Otra es que no nos pasemos en las propinas. A la vista de esto creo que el primer derecho que deben exigir los ciudadanos de esta nación, con sus partidos ciudadanos al frente, es el derecho a que no se mofen de ellos. Lo menos que debe tener un político, sobre todo si es incompetente, es respeto. Y el conejo se lo va a comer un pariente cercano del que yo me sé y, además, con propina.

Pero todo esto viene a colación, en estos momentos de pre-crisis económica, para recordar que la expansión y el reforzamiento del ciudadano pasa también por su dignidad social y derecho a poder satisfacer sus necesidades materiales elementales. Hoy en día, hay que hacer extensivo el concepto de ciudadano cómo miembro de una sociedad depositario de unos derechos políticos que le permiten influir en la vida y gobierno de esa sociedad, al de miembro con derechos políticos y sociales. Es muy difícil ejercer de ciudadano si uno ve vetado el acceso a una vivienda digna, a un sueldo razonable, a la posibilidad de fundar una familia, a poder tener una educación con futuro y un largo etc…Ser ciudadano y ejercer como tal comienza por no ser esclavo de la miseria ni siervo abnegado del sistema. Por eso hemos visto cómo un partido como Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía tiene como uno de sus cuatro pilares fundamentales de actuación y de oferta electoral, el restablecer las bases para que las personas que más importan vayan recuperando su dignidad y la prosperidad suficientes para integrarse socialmente y construir una sociedad justa. No se trata sólo de combatir el chantaje nacionalista ( lo que es indispensable hasta para resolver estos problemas), se trata de construir una España solidaria de ciudadanos dignos.

Enrique Calvet

EL ADN SOLIDARIO DE CIUDADANOS

Ciudadanos es el primer partido que se ha creado con el objetivo de oponerse a la guerra competencial insolidaria desatada por los partidos independentistas, los nacionalistas y las estructuras caciquiles regionales.

No existen en la actualidad partidos que hagan esta misma apuesta, exceptuando a UPyD.

El PP gobierna Navarra con los mayores privilegios de todo el sistema autonómico español, y se ha comprometido en la reforma de los estatutos Andaluz, Valenciano y Balear; el PSOE ha dado curso a todos estos y además al catalán, y gobierna en Cataluña en coalición con ERC, en Galicia con el BNG y en Baleares con grupos independentistas; IU suma a lo anterior su coalición con el PNV y EA en el País Vasco. Además, todos los partidos nacionales con responsabilidades autonómicas intentan permanentemente incrementar sus competencias a costa del estado. Nada de lo anterior parece detener la insaciable avidez soberanista.

Por qué habría que oponerse a esta guerra competencial y a las cesiones que se están realizando por parte del estado?

Porque el desmontaje de la unidad española es una operación insolidaria: se dirige a reducir el ámbito de igualación de derechos entre los ciudadanos, o al menos a dejarlo en un hecho formal, desproveyendo al Estado de los instrumentos para que esta igualación se lleve a cabo: la capacidad legislativa, los medios económicos y la intervención directa. Un estado ya vaciado por los procesos de privatización de sus empresas, incluso aquellas en sectores estratégicos, y por las transferencias de soberanía a la UE, se ve ahora reducido a residual por los traspasos a las autonomías y sin capacidad de formulación de proyectos para el conjunto de los ciudadanos.

Ciudadanos nace pues como una expresión solidaria en su núcleo político, entendiendo este concepto como el reconocimiento de que todo ciudadano español debe poder ejercer todos los derechos que le garantiza nuestro pacto de convivencia: la Constitución de 1978. Estos derechos son tanto los derechos individuales, las libertades civiles y políticas que allí se recogen, como los derechos sociales y al estado de bienestar, y los principios constitucionales en relación con las políticas económicas y sociales. No son una enumeración meramente defensiva, sino un dispositivo para la acción, la modernización y la articulación de proyectos de futuro.

Por eso mismo está en el ADN de Ciudadanos la pugna porque esos derechos se hagan realidad. No hay diferencia para este partido entre privilegios territoriales y privilegios económicos y sociales. Ambos son la antítesis del concepto de ciudadanía en la media en que hagan de obstáculo a que los derechos constitucionales se hagan realidad y a la igualdad en el acceso a su ejercicio. Y ambos son reaccionarios en cuanto se oponen a que los derechos ciudadanos se incrementen en extensión y calidad.

Este es un concepto que Ciudadanos ha visto con claridad y que lo aleja del resto de las formaciones políticas existentes. Unas, porque si bien dicen rechazar la insolidaridad social ceden ante los privilegios territoriales; otros, porque si bien dicen rechazar estos últimos, son los adalides de los privilegios económicos. En ambos casos la realidad es que los privilegios territoriales y económicos avanzan y los derechos ciudadanos ceden.

Ciudadanos se ve abocado, por la lógica de su propia creación, a ser el partido de los derechos ciudadanos en general.

En cuanto a UPyD: ha cercenado arbitrariamente los principios desde los que se deduce la oposición al nacionalismo. Porque si no se hace desde posiciones de ciudadanía, solidaridad e igualación de derechos, posiciones que no se pueden fragmentar ni limitar a discreción en su despliegue por motivos oportunistas, no hay lugar posible desde donde hacerla.

Salvo que se intente hacerlo desde el nacionalismo español.

Sería un engaño, porque qué es la nación española más de lo que son sus ciudadanos? Y qué es la ciudadanía más que la titularidad de los derechos que los pactos nos han otorgado?

Y qué legitimidad tienen las políticas de modernización, racionalidad y eficacia si no es la de servir mejor a los ciudadanos? Pude estarse a favor de eliminar los privilegios territoriales y de mantener en cambio los económicos?

La manifestación celebrada el sábado 15 de diciembre en Bruselas contra el alza del costo de la vida y contra la guerra competencial entre valones y flamencos da una clave sobre cuál es la solución para este desvarío. Tendrán que ser los ciudadanos los que hagan ver a sus dirigentes que no están dispuestos a que la agenda competencial insolidaria reemplace a la agenda de sus problemas reales.

Norberto Beirak

‘RIP’ al Impuesto sobre el Patrimonio

Publicado en Estrella Digital

Luis de Velasco

En unas recientes jornadas organizadas por el semanario liberal The Economist, en presencia de una nutrida representación de las clases dirigentes del país (las puestas en escena siempre mandan un mensaje), el presidente del Gobierno firmó el certificado de defunción del Impuesto sobre el Patrimonio. Zapatero proclamó el deseo de contar con un sistema tributario "razonable, equilibrado y simplificado". Obsérvese que ha desaparecido la mención de "equitativo", una de las señas de identidad forzosa de la socialdemocracia. Sin equidad en el ingreso público, no cabe hablar de política redistributiva en el gasto. Por eso, hablar de que Zapatero prosigue su viaje el centro tras esta decisión es un error. Se ha encontrado con Rajoy, que lo ha recibido con entusiasmo.

Lo que está detrás de esta decisión, una más, es una determinada visión de lo público, visión que se inscribe plenamente en la ideología dominante desde Thatcher y Reagan que, en síntesis, sostiene que los gobiernos (es decir, lo público en la economía) no son la solución sino el problema. En el caso español, aderezado por la creencia, impuesta desde los círculos dominantes de pensamiento, de que la "carga fiscal" (y ya hablar de "carga" es sintomático) es insoportable. No es cierto, las estadísticas comparativas demuestran lo contrario, que nuestra presión fiscal sigue por debajo de la media de la UE. Pero esa afirmación se ha impuesto como "verdad" incontrovertible.

Este impuesto, que se presenta como un azote más de las clases medias, afecta a poco más de 900.000 personas. Escasas clases medias hay en nuestro país. Pero más escasas son las clases altas, pues sólo 132 contribuyentes declararon en el 2005 más de 30 millones de patrimonio. País de pobres, ¿qué ha sido de las grandes fortunas, las de siempre y las de ahora? Ese año, poco más del 70 por ciento de los contribuyentes aportaron el 25 por ciento de la recaudación, mientras que el 6,5 por ciento aporta más del 40 por ciento. La dispersión es notable, lo que quiere decir que al suprimirse este impuesto unos pocos se ahorrarán mucho, más de cien mil euros, y muchos, una miseria.

Es cierto que el impacto equitativo de este impuesto es ridículo porque, como bien dijo el presidente en ese acto, "las clases más altas encuentran diversos instrumentos y fáciles mecanismos de elusión". Le faltó añadir que son los mecanismos que la legislación y la práctica administrativa ponen a disposición de esas clases. Lo que hay que hacer entonces no es suprimir este impuesto sino reformarlo, así como revisar esos mecanismos de elusión de las clases altas y luchar decididamente contra la evasión fiscal, todo ello en nombre de esa equidad abandonada. Pero para esto hace falta una cosa que se llama voluntad política, decisión para enfrentarse a intereses muy poderosos. Así como recordar que los sectores públicos limitados y vigorosos son la mejor receta para un sociedad y una economía al mismo tiempo más eficiente y más justa. Algo de lo que estamos lejos todavía, cuando nuestro gasto público total está varios puntos por debajo de la media de la UE, sobre todo en lo relativo al gasto social.

Luis de Velasco

EL HECHO DIFERENCIAL

A. Don Fernando Trapero. "In Memoriam".

 

La manifestación/concentración "unitaria" fallida del pasado 4 de diciembre entraña un síntoma muy grave de la actual situación política española, o, peor aún, de esta agonizante y agónica legislatura. Reflexionemos: ¿Por qué reunió, tan noble causa, a tan pocos, siendo, por una vez , todos, los convocados?

El que suscribe está convencido de que lo acaecido delata lo que podríamos llamar el hecho diferencial de esta legislatura. Un hecho gravísimo.

Creemos que este cuatrienio no es comparable a ningún otro periodo legislativo transcurrido desde la muerte del dictador Franco. Estos se podrán analizar o bien por su aportación a lo que se ha dado en llamar "La Transición" o bien, posteriormente, por sus aciertos o fallos en la gestión de los asuntos de gobierno, por su mayor o menor tira y afloja para conseguir estabilidad política en el marco constitucional o por los matices ideológicos con los que hayan querido impregnar la sociedad. Actuaciones políticas, aceptadas o combatidas, pero dentro de los valores democráticos y el respeto a la constitución compartidos por la inmensísima mayoría de los españoles.

En cambio desde 2004 se produce un hecho cualitativo insólito y distinto: el gobierno del P.S.O.E. decide, sin que figurara en su programa electoral, dar carta de naturaleza al separatismo a todos los niveles ( ERC, CyU, BNG, separatistas de Baleares, Nafarroa Bai en determinado Ayuntamiento….), y cerrar los ojos ante la barbarie terrorista, practicando una temeraria lenidad (Partido Comunista de las tierras vascas, A.N.V., asunto de Juana, supresión del delito de convocación de referenda ilegales, etc…).

Para seguir semejante política, el gobierno no duda en retorcer arteramente todos los medios que tiene para condicionar la aplicación de la justicia, ni en triturar la Constitución, de facto, para proceder a un entreguismo descarado a los separatistas. Esta estrategia política resulta absolutamente sorpresiva a una gran parte de los votantes de todo tipo, porque traiciona de lleno lo que se ha considerado siempre valores de la izquierda (universalismo frente a tribalismo, unidad, solidaridad frente a desigualdades…); pero lo más grave, sin duda, es que se lleva a cabo sin un acuerdo básico de la sociedad española sobre los valores que sostienen dicha estrategia.

Es decir, que en temas de Estado, diríamos que en asuntos de protección del Estado (terrorismo) e, incluso, de supervivencia del Estado (separatismo) en los que había un implícito y tácito acuerdo social de casi todos los españoles de que el gobierno debía enfrentarse enérgicamente a terroristas y separatistas, en esta legislatura, el Gobierno decide caminar hacia la fragmentación de los ciudadanos españoles y hacia la consideración de los terroristas como interlocutores políticos, sin el apoyo social cuasi unánime que tal cambio estructural de actitud requeriría.

Porque no estamos hablando de facilitar más o menos el divorcio, (bien facilitado), ni de rebajar unas décimas, o no, la tasa del I.R.P.F., estamos hablando de uno de los objetivos esenciales por los que existe el gobierno de una nación: la preservación de la existencia de dicha nación, es decir de la existencia de un colectivo llamado ciudadanos españoles, y la preservación de su libertad y seguridad. Ni más ni menos.

El hecho diferencial de esta legislatura es que el Gobierno abandona una parte de los valores compartidos por todos los españoles y adopta otros que repugnan a una parte muy numerosa de ciudadanos. No es que no guste como juegue, lo que valorábamos en gobiernos anteriores, es que decide irse del terreno para jugar a otra cosa distinta, y parte de los espectadores/votantes que estamos en el estadio, porque estábamos todos, decide irse, pero otra parte quiere permanecer en el estadio y ver jugar a lo de siempre.

El hecho diferencial es que este Gobierno ha propiciado una profunda fractura social.

De ahí que hubiese poca asistencia el día 4. La fractura ha generado una situación gravísima en política: el Gobierno ha perdido toda credibilidad en su (¿sincera?) intención de volver al terreno de juego inicial, al estadio dónde estábamos todos. La fractura ha hecho que una grandísima cantidad de españoles no confíen en absoluto en que el Gobierno les proteja y les preserve frente a los enemigos de la ciudadanía española, diga lo que diga ahora este Gobierno.

Dicho sea de paso, la campaña intensa para hacer creer a los votantes que el Gobierno no fue lo que fue, y que de nuevo ha vuelto al redil, por lo oportunista y lo poco sutil, queda patética para quién tenga dos dedos de frente política.

Pero lo grave es lo que se ha expuesto: una parte muy abundante de ciudadanos españoles, de todo el espectro ideológico, no se siente amparada ni protegida por este Gobierno, y no confía en él para sus misiones fundamentales. No cree que las cumpla mal, cree que no quiere cumplirlas. Y eso suele partir una sociedad en dos. Un hecho diferencial desastroso.

Para reconducir esta situación y recuperar una confianza mayoritaria en la ética de los Gobiernos, haya o no discrepancia sobre su gestión, conviene acudir al remedio que propugna Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: son necesarios pacto de Estado entre los partidos de ámbito nacional y constitucionalistas que acuerden la manera de enfrentarse a los asesinos terroristas, a sus cómplices y a los que se benefician de su existencia, así como de enfrentarse a los chantajes separatistas. Un acuerdo a la alemana, o a la inglesa entre partidos, oponiéndose conjuntamente al separatismo escocés, devolvería la confianza en políticos y gobiernos.

Soldar la fractura producida en esta legislatura es urgente, pero sobre todo, ha de ser creíble. La credibilidad de Ciudadanos se la tienen que ganar los demás partidos.

Enrique Calvet

La autodeterminación en Europa

Asistiendo al acto inaugural del European Council on Foreign Relations en Madrid, el pasado día 3, uno podía encontrarse con lustrosos actores de la política europea.

Javier Solana, Emma Bonino, Ana Palacio y Mabel van Oranje eran cuatro de los ponentes. Narcis Serra y destacados representantes políticos y del cuerpo diplomático copaban el Salón de Actos del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Como mero mortal escondido entre la audiencia, no pude evitar una sonrisa al constatar que un acto sobre la importancia del logro de una unidad de acción europea en la política internacional se llevase a cabo en un foro tan ligado al crédito.

Efectivamente, el crédito y la credibilidad son cruciales a la hora de aproximarse a este fenómeno. Y no precisamente por lo mucho que rebosan en nuestras arcas políticas; unas arcas seriamente dañadas en las últimas décadas por tragedias tales como la violenta descomposición de la antigua Yugoslavia o la incapacidad de articular una postura común en torno a casi cualquiera de las cuestiones geoestratégicas clave.

El crédito europeo –UE–, en materia de política internacional, es mucho menor que el de varios de sus países miembros individualmente considerados. No se trata de estimar si esto es algo bueno o malo. Se trata de constatar un simple hecho para evitar caer en la melancolía de una realidad que nos gustaría que fuese distinta.

No sé si tras escuchar tantos grandilocuentes llamamientos a hacer tal o cual cosa en lugares tan exóticos como Irán, Rusia o Turquía, aún seguía con esa sonrisa sardónica al pedir la palabra, en el turno de preguntas y respuestas, para cuestionar a los notables del panel por su opinión respecto a la vigencia de supuestos derechos de autodeterminación en la Unión Europea actual.

Tras un breve segundo suficiente para que varios de los, hasta ese momento, alegres participantes en una verdadera orgía de autoimportancia geoestratégica y superioridad moral impostada se les descompusiera el rictus de oronda satisfacción. Entre ellos destacaba nuestro muy querido Narcis(o) Serrra, quien tras oír la incómoda pregunta no dudó un instante en poner pies en polvorosa.

Pero el segundo transcurrió al fin, y una desconcertada periodista –corresponsal en el extranjero de Radio Nacional de España para más señas– puso fin a la insolente pregunta con el ya clásico "no toca". Se suponía, de acuerdo con la improvisada censora, que lo suyo era preguntar por paraísos perdidos en los libros de Emilio Salgari. Nada, ay, que estuviese tan dolorosamente cerca del Paseo de la Castellana.

Para añadir injuria al insulto, tras finalizar el encuentro, otra periodista se acercó a un servidor forzando una mueca de comprensión, asumiendo, saben lo que viene ahora ¿no?, que el autor de la pregunta era un vasco reclamando legítimamente lo suyo, lo mismo que lo de los kosovares, eso de lo de la autodeterminación, vaya. Y tal y tal.

Así que ya saben, el nacionalismo separatista es un vicio público que se comprende en privado. El antinacionalismo o el no nacionalismo beligerante ni se contempla como una opción política; ni siquiera entre los heterodoxos o desviados de la oficialidad de salón.

Jacobo Elosua