sábado, 17 de noviembre de 2007

¿Hacia un Estado paternalista?

Publicado en soCiedad.es blog de la jornada política de Ciudadanos que se celebrará en Madrid el 24 de noviembre.

Francesc de Carreras.

Crece la sensación de que el Estado, los poderes públicos en general - también las comunidades autónomas, los ayuntamientos y la Unión Europea- tratan a los ciudadanos como los padres tratan a sus hijos menores de edad: les aconsejan lo que deben hacer, cómo deben comportarse, incluso qué deben pensar. Y, de manera más o menos velada, nuestras autoridades añaden aquella frase irritante, aunque cierta, que los padres dirigen a sus hijos para convencerles de que acaben de comerse la insípida verdura hervida que les dan para cenar: «Te lo digo por tu bien».

Efectivamente, el paternalismo de los poderes públicos está en fase de expansión: no fumes, no bebas, conduce despacio, haz deporte, ponte el cinturón de seguridad, la historia de tu país es ésta y no otra, debes tener hijos, habla una determinada lengua, lee libros, no contamines… Cada vez más, el Estado se comporta como un padre, como un padre moralista y muy pesado.

¿Debe un Estado adoptar este tono paternal, es decir, debe procurar que los ciudadanos sigan determinadas conductas por la simple razón de que las considera beneficiosas? A primera vista, quizás parece que sí, que efectivamente el Estado debe procurar lo mejor para sus ciudadanos, que una de las tareas de un Estado social como el nuestro es precisamente ésta. Sin embargo, desde una perspectiva liberal y democrática, la respuesta ha de ser indudablemente negativa: el Estado está para otras cosas, no debe pretender el bien de los ciudadanos, sino su libertad, que no es lo mismo. Un Estado social no es un Estado paternalista.

Quizás la confusión parte de ahí, de una equivocada concepción del Estado social. Como es sabido, el Estado social - que figura como una de las características de nuestro Estado en el artículo 1 de la Constitución- viene a culminar el Estado liberal de derecho propio del siglo XIX. El Estado liberal garantizaba una teórica libertad que no era válida para todos, sino sólo para una minoría y, por tanto, dejaba de lado el principio de igualdad. El Estado era liberal pero no igualitario ni democrático. Los derechos no eran iguales para todos. Esto lo advirtieron pensadores liberales como Stuart Mill y, por supuesto, todos los socialistas: el Estado debe estar fundamentado en la libertad y la igualdad, en ambos valores. Por tanto, no sólo debe garantizar derechos individuales, sino también asegurar derechos sociales para que todos disfruten de una igual libertad: una sociedad no es libre si todos los que la componen no tienen las mismas posibilidades de ser libres. Para ello se necesitaba que el Estado interviniera en economía y prestara determinados servicios sociales: educación, sanidad y pensiones entre los más significativos.

Esto es el Estado social: un Estado que asegura la igualdad de oportunidades para que las personas disfruten del mismo grado de libertad. Cosa distinta es el Estado paternalista, aquel que dice tener criterios morales sobre las conductas individuales para, a partir de estos criterios, promulgar normas y emprender políticas destinadas a hacer el bien y evitar el mal a los ciudadanos, limitando así la libre actividad de éstos, incluso ahorrándoles su propia responsabilidad. Esta sustitución de decisiones individuales en una esfera que es propia de cada individuo, y en la cual sólo él debe decidir libremente, poco tiene que ver con la tradición liberal y mucho con la tradición contraria: la propia del despotismo ilustrado de la cual los totalitarismos del siglo XX son, en más o en menos, claros herederos.

La tradición liberal está perfectamente definida en aquel conocido párrafo de Kant: «Nadie me puede obligar a ser feliz a su manera (es decir, en la forma que él se imagina la felicidad), sino que cada uno puede buscar su felicidad por el camino que escoja siempre que no perjudique la libertad de los demás, de manera que su libertad pueda coexistir con la libertad de todos según una ley universal».

En efecto, el Estado no tiene la misma finalidad que tiene un padre sobre sus hijos menores, esto es, procurar su bien. El Estado debe, simplemente, procurar la igual libertad de todos, dado que es un instrumento que los hombres se han inventado para alcanzar este fin. Por tanto, ese Estado debe respetar la libertad de los individuos - aun a riesgo de que, al ejercer esta libertad, se perjudiquen a sí mismos- y su función es, mediante leyes, limitar esa libertad sólo para impedir que se vulnere la libertad de los demás. Así pues, la finalidad de un Estado liberal democrático no es hacer el bien, sino garantizar la igual libertad de todos.

¿Nos encaminamos hacia un Estado paternalista abandonando la senda liberal, democrática y social? Hay síntomas de ello en algunas de las actitudes de nuestros gobernantes. Quizás pronto sea realidad aquella profecía que formulaba Alexis de Tocqueville al final de La democracia en América:»Por encima de los hombres se alza un poder inmenso y tutelar que se encarga, él sólo, de asegurar sus goces y de velar por su suerte. Es absoluto, detallista, regular, previsor y suave. Se parecería al poder paterno si, como éste, tuviera por objeto preparar a los hombre para la edad viril; pero no, no intenta más que fijarlos irrevocablemente en la infancia». Si ello llegara a suceder, habríamos llegado a 1984,la fecha fatídica que señalara Orwell.

Por Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB (LA VANGUARDIA, 15/11/07)

miércoles, 14 de noviembre de 2007

Imposturas e impuestos

Ernest Maragall hacía semanas atrás unas declaraciones intachables desde la lógica nacionalista. Según el hermano del ex President de la Generalitat, "La condición de sujeto político pleno implica […] la necesaria compatibilidad entre unidad nacional y alternancia de proyectos y responsables políticos. Por tanto, […] si el Estatut es nuestra Constitución, debemos compartirlo todos. En Madrid, en Bruselas, en el mundo, sin fisuras."

La aserción platea algún que otro problemilla no menor. El primero es de planteamiento. La condición de sujeto político pleno está asociada a la de soberanía. Y no es baladí recordar que ésta se reserva en la Constitución Española al conjunto del pueblo español. Maragall puede discurrir con total libertad acerca de cómo se llega a esa condición política plena, pero los políticos catalanes no pueden aspirar a esa condición sin el concurso decisorio del resto de los ciudadanos residentes a lo largo y ancho de la geografía española.

El segundo 'problema' es que las fuerzas no nacionalistas no comparten la filosofía plasmada en el tan manido Estatut. La alternancia dentro de un régimen, cualquiera, sólo tiene sentido cuando las partes –las distintas formaciones que podrían llegar a formar gobierno– han pactado esa norma sin ceder a la tentación de imponérsela a las minorías coyunturales. El siglo XIX ofrece copiosos ejemplos de vertiginoso cambio constitucional. Una experiencia que sin duda tuvieron en cuenta los legisladores constituyentes de 1978 a la hora de redactar la Constitución Española ahora en vigor.

Cuando una norma básica de convivencia se impone, y más aún, como en el caso catalán, cuando esta norma goza de un muy bajo respaldo popular en las urnas, reclamar la unidad leal de todas las fuerzas políticas entorno a ella no es más que un burdo ejercicio dialéctico. ¿También tendrá que apoyar la constitución de Chávez la –por otra parte más bien inepta– oposición venezolana cuando aquella entre en vigor? Habría que oír al señor Maragall II a este respecto.

El tercer pero a la frase 'maragalliana' es la equiparación de Estatut y Constitución. Mal que le pese al recientemente 'piquerizado' Daniel Sirera, el Tribunal Constitucional aún conserva la potestad de echar abajo la norma fetiche de los nacionalistas catalanes, dada la más que dudosa constitucionalidad de un gran número de artículos en ella contenidos.

Mejor nos iría, tal y como escribía Félix Bornstein en la edición dominical del diario El Mundo, si los partidos políticos que se proclaman de izquierdas se dedicasen, no a aplaudir con la orejas la supresión del impuesto del patrimonio –como ha hecho el nuevo Secretario General de los socialistas madrileños, Tomás Gómez–, sino proponiendo la reforma de un impuesto que tiene aún un claro papel reservado en un Estado que se define a sí mismo, recordemos, como "social y democrático de derecho".

Que la estructuración de un impuesto presente deficiencias no nos puede llevar directamente a abogar por su supresión. Como bien escribe Bornstein, ni la filosofía del impuesto del patrimonio es injusta, ni su implementación concreta tiene por qué serlo. Reclamar la eliminación antes que la reforma más bien parece un recurso de complaciente pereza intelectual por parte de algunos.

Jacobo Elosua

lunes, 12 de noviembre de 2007

Peor perspectiva económica (II)

Publicado en Estrella Digital
Luis de Velasco

Esta columna comentaba la semana pasada el alza de la inflación y los recortes a la baja en las previsiones oficiales de crecimiento. Ese cambio de ciclo parece confirmado, a la vista de la última previsión entregada este pasado viernes por la Comisión Europea. Prevé un crecimiento del 3 por ciento en el PIB en el 2008, del estimado 3,8 para el año presente. La baja sería mayor para el siguiente año: el 2,3 por ciento, frente al 2,4 de la media europea de los Veintisiete.

Las previsiones son simplemente eso, previsiones a las que no hay que conceder un carácter de dogma, especialmente en estos tiempos en que, por ejemplo, el precio de algo importante como es el del petróleo siempre ha ido por delante de los previstos en esos cálculos. Pero aun así, indican claramente una tendencia, y en el caso español es que nuestra economía ha entrado no en fase de recesión, como afirmaron algunos, pero sí en una de menor crecimiento.Justificar a ambos lados

El denominado por algunos “milagro económico español”, crecimiento que se ha prolongado durante una docena de años (otra cosa bien diferente es cómo se han repartido los frutos del mismo, sin duda de manera crecientemente desigual), esta agotándose y están saliendo a la luz las débiles bases en las que se asienta.

Esas bases son bien conocidas. Del lado de la demanda, un crecimiento del consumo privado basado en el desahorro y el endeudamiento de las familias (lo mismo que en el de las empresas). Del lado de la oferta, la recalificación y el ladrillo tanto residencial como de obra civil, con una secuela notable de especulación, corrupción y destrozos irreparables. Este sector se ha alimentado, casi exclusivamente, de mano de obra inmigrante, con salarios y derechos laborales sensiblemente bajos, lo que ha hecho que durante estos años el salario real global de la totalidad de la mano de obra haya permanecido casi estancado y la distribución funcional de la renta nacional haya crecido a favor de los excedentes empresariales y en contra de la participación salarial. El paro sigue tenazmente en el 8 por ciento, la temporalidad en cerca del 35 por ciento y la actual debilidad del crecimiento se está empezando a notar ya en ese mercado afectando, sobre todo y en este primer momento, a los inmigrantes (menos mal que no votan).

La productividad de la mano de obra continúa siendo ridículamente baja, con ritmos de crecimiento en el entorno de medio punto por ciento anual. El resultado, de ese y otros factores de larga data y de carácter estructural, es la muy baja competitividad de la empresa española, muestra de la cual es el enorme déficit comercial y la baja proporción de la exportación española en el comercio mundial de mercancías.

El anunciado y deseado relevo de este modelo perverso de crecimiento a cargo de las tecnologías avanzadas es más bien una expresión de buenos deseos que una realidad, al menos en el corto plazo. España sigue ocupando una posición intermedia y complicada en la rápidamente cambiante división internacional del trabajo. No cabe pensar en competir por costes sino en sectores de tecnología avanzada y en los que los intangibles, el valor añadido sean la base. Y de eso estamos lejos. Lo prueba el decreciente flujo de inversión directa extranjera recibida, muestra de que la capacidad de competir y de atraer de nuestra economía es ya limitada.

Difíciles tiempos económicos, en resumen, para quienes se hagan cargo de la gobernación de este país después de marzo. Aunque aún más difíciles y envenenados son los otros asuntos que deja el actual Gobierno socialista con sus aliados nacionalistas.

Luis de Velasco

Seriedad, dignidad, saber estar...

Hoy podríamos tomar dos ejemplos recientes, en un área que no aparece frecuentemente en los escritos de Ciudadanos, para reflexionar como, de manera poco aparente, el ataque a la inteligencia de los ciudadanos y a su dignidad, es cuasi permanente. Aunque sea en temas más alejados de la problemática cotidiana o de los problemas más graves y estructurales.

Nos referiremos a dos hechos acaecidos en política exterior y, por lo tanto, importantes, no sólo para el bienestar de los españoles, sino para su autoestima y su imagen ante el mundo.

En primer lugar, detengámonos un momento en lo acaecido en el Chad y su muy feliz desenlace. Despreciando absolutamente la inteligencia de los españoles, uno de los bandos políticos aprovechó la intervención de Sarkozy en la primera fase de la liberación para lanzar una jauría de portadores de insultos sobre la absoluta incompetencia y el ridículo de nuestra diplomacia. Evidentemente, nadie explicó a los ciudadanos españoles que.:


-          Francia no hubiera hecho esta exhibición si no fuera a desplegar 3.500 soldados en el Chad, en la zona fronteriza con Darfur. Había que resolver cuanto antes para evitar contaminar el despliegue.

-          Además, el estilo Sarkozy es inusitado en diplomacia. Y tiene sus riesgos. A este paso, cada vez que un francés tenga un lío internacional, la sociedad francesa va a reclamar al Presidente que se involucre personalmente y lo resuelva. Finalmente ha logrado enfadar a las autoridades chadianas, comprometiendo la repatriación de los demás franceses.

-          España no tiene representación diplomática en el Chad. Francia sí, desde luego, y mil soldados estratégicamente repartidos, y mucha cooperación, y acceso a la administración.

Por lo que, lo más eficaz y competente, sin duda, para la diplomacia española era apoyarse en la obligada y poderosa intervención francesa y, una vez ésta enfrentada con los chadianos, aprovechar nuestra actitud de respeto y el hecho de no ser franceses para conseguir la repatriación de los tres últimos españoles, sin alharacas.

Dicho de otra manera, esta vez se hizo bien. Ciudadanos tiene posturas distantes en varios aspectos de la política exterior española (América Latina, ayuda al desarrollo, etc..) pero fundamentadas y serias. Lo que es de lamentar es la penosa actitud de determinados políticos para trivializar los temas y manipular los asuntos creyendo que, igualmente, van a manipular la mente de "unos pobres súbditos drogados por la televisión". Todo menos informar con la verdad.

        La reflexión es importante pues cuando C's-Partido de la Ciudadanía afirma que va a regenerar la democracia, está refiriéndose también a esto. Jamás considerará a los españoles menores de edad mental y jamás practicará el sectarismo del todo blanco o todo negro. El contrato con los ciudadanos de España incluye respetarlos y respetar la verdad.

Y, si vamos al segundo asunto, vemos que también conviene respetar su imagen exterior. Nos referimos al enfado del monarca español en la cumbre iberoamericana y su ida y vuelta a la reunión. No discutimos en absoluto, la indignación del Rey, cargada de razón y que supone, en ese foro, la indignación de la sociedad española; las acciones del Rey en ese marco son las acciones de nuestro representante, no son un enfado privado. También puede ser un acierto expresarlo abandonado la reunión. Pero, como dicen los franceses…"Il y a la manière" ("hay que cuidar las formas"...). No creemos de recibo que , en ese marco, el monarca tuviera que utilizar el tuteo hacia otro Jefe de Estado, ni una expresión tabernaria. La imagen que da de los ciudadanos españoles es así zafia y falta de clase. Y, por supuesto, un Jefe de Estado español se levanta solemnemente, manifiesta su total rechazo a la actitud intolerable en lenguaje pausado y correcto, y, con todo aparato y demostración , abandona la reunión llevándose, inexcusablemente, a toda la delegación española con él. Saber estar, se llama. Una pista, imagínense una situación similar con la reina de Inglaterra y Toni Blair, verbigracia.

Por supuesto los corifeos de turno se han volcado en apoyar al monarca y en decir que la culpa de todo es de los malditos enemigos políticos que, a su vez, han voceado que todo estaba acordado con el Rey. Patético chalaneo de triste repetición. El caso es que, una vez más, se trata a los ciudadanos españoles de tontos de baba y se les intenta manipular para que sean de "su" bando por lo malísimo que es el otro. Pues los ciudadanos españoles, señores políticos profesionales, a juicio del que firma, sobre una buena causa, han salido con una imagen de vulgares pendencieros y de una diplomacia de comportamiento bananero, y no se lo merecen.

Estamos seguros que el Partido de la Ciudadanía también será sensible a la imagen exterior de la ciudadanía, pero, sobre todo, no aprovechará cualquier circunstancia, retorciéndola y manipulándola, para hacer demagogia, sino para informar y someter a los españoles la verdad y la importancia real (aunque no sea aparente) de los acontecimientos.

Más que una regeneración, una revolución en el debate político.

Enrique Calvet

sábado, 10 de noviembre de 2007

Silencioso Tributo

Desde hace cincuenta años, cada vez que un europeo abre la boca para comer, lo que suele suceder varias veces al día, paga un silencioso tributo a uno de los más longevos y hábiles grupos de presión que ha conocido la historia.

Miguel Ángel Fernández Ordóñez solía decir, en su época como Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia que la mayor habilidad de un cártel es conseguir que sus actividades restrictivas formen parte del Ordenamiento Jurídico. En este sentido, la habilidad del lobby agrario ha sido sobresaliente: no sólo ha conseguido que sus prácticas sean legales sino que lo sean, además, a escala europea, conjurando así el peligro de verse perturbadas por eventuales disputas entre los Estados.

Pero, además, este formidable grupo de intereses consiguió, desde el principio, no sólo hacer pagar precios mayores al consumidor, como cualquier cártel de tres al cuarto sino, lo que ya son palabras mayores, hacer pagar a todos los contribuyentes.

Pero, aun más, este conglomerado de intereses ha demostrado una habilidad suprema al conseguir ser aceptado por la sociedad o, al menos, pasar desapercibido, salvo, claro está, para minorías de insumisos intelectuales de escasa relevancia. Semejante hazaña, en un contexto de libertad de expresión, no la ha conseguido ni la Iglesia Católica, maestra, donde las haya, de la supervivencia institucional.

España se sumó a la fiesta veinte años antes de su ingreso en la CEE, en pleno desarrollismo, con la aprobación de la Ley 26/1968, de 20 de junio, sobre creación del Fondo de Ordenación y Regulación de Productos y Precios Agrarios (FORPPA) hecho a imagen y semejanza del FEOGA comunitario. Esta ley fue unánimemente festejada como muestra de la preocupación del régimen franquista por los pobres agricultores.

Pocos tuvieron entonces la conciencia -y la valentía- de criticar una disposición que otorgaba migajas a los pequeños agricultores a cambio de llenar los bolsillos de los grandes terratenientes. Por fortuna, fui discípulo de dos de ellos, Luis Ángel Rojo y Pedro Schwartz y lector de aquella heroica revista "España Económica" apenas tolerada por su escasa difusión. EE era exponente de un pensamiento ilustrado y progresista, tan chocante para el nacionalsindicalismo como para una oposición imbuida de marxismo.

Muchos años tendrían que pasar para que esa corriente calara en los círculos intelectuales y políticos de Europa occidental. Aún más para que la derecha francesa, principal instigadora del atraco, eligiera a un Presidente ajeno a los sagrados intereses de la Limagne(Giscard) o de Corrèze(Chirac). No sé si Sarkozy irá a besar a las vacas a Porte de Versailles en el próximo Salon de l'Agriculture (23/2/2008). Me temo que sí: el rito social, adobado por la conveniencia, suele imponerse a las creencias; véase si no la insistente campaña de Zapatero "Gobierno de España".

Pero quizás Sarkozy también explicará por qué cuando los precios del mercado mundial de productos agrarios han superado todas las previsiones, los terratenientes siguen percibiendo subvenciones de la Unión europea.

O, al menos, debiera.

Juan Manuel Ortega

viernes, 9 de noviembre de 2007

¡A la hoguera con Savater y Carreras!

Publicado en Libertad Digital

Antonio Robles

Los linchamientos morales perduran persistentes en el tiempo. En las últimas semanas hemos asistido a la más clásica y burda simplificación interesada de las palabras de dos intelectuales: Fernando Savater y Francesc de Carreras, uno fundador de Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía (C's) y otro, fundador de Unión, Progreso y Democracia (UPyD). Sus presuntos pecados han sido el haber cedido en un debate televisivo a la tentación de un referendo consultivo, caso de Francesc de Carreras y, Fernando Savater por haber soltado en una mesa redonda la frase: "España me la sopla".

He leído y escuchado de todo sobre este asunto, y casi nada de lo leído era sensato, a excepción de sendos artículos de los autores defendiéndose de los ataques.

Por causas que no vienen al caso, nunca antes estuvo tan lejos la política de la filosofía. Desde los griegos, la filosofía busca apasionada e inagotablemente la verdad. Nada, absolutamente nada, ni el interés, ni el cálculo interesado, ni los prejuicios y creencias le apartan de su tendencia insobornable por la verdad. En el extremo opuesto, la desprecian políticos sin escrúpulos ayudados por la prensa afín. El fin de estos no es la verdad, sino la cadena de intereses y peldaños que ensartan y les llevan al control de los demás. Y, sin embargo, jurarían que su existencia está al servicio del bien, del juego limpio, de la democracia, de la transparencia y de las personas. Una forma de decir que están al servicio del pueblo; es decir, la forma pública de mentir. Nunca antes estuvieron tan alejadas la filosofía y la política: ya no se discuten ideas, se alistan rebaños para aniquilar con votos previstos la posición discrepante. Es la cordada del forofo: no es necesario pensar ni discernir nada, basta con arremolinarse alrededor del grupo y arremeter al unísono. Es aplicable a las propuestas parlamentarias, a los debates mediáticos, a las guerras internas de los partidos o a los partidos entre sí. Una verdadera derrota del pensamiento y, por ende, de la democracia misma.

El linchamiento de Francesc de Carreras y de Fernando Savater está adobado con ese corrosivo proceder político y periodístico. Un comentario y una frase; es decir, dos titulares sin contexto ni argumentos, casi sin voluntad de completarlo con la información que todo titular necesariamente ha de tener, han bastado. Y, de fondo, la búsqueda interesada de su ruina o de las formaciones políticas de las que han sido fundadores.

No importa que Francesc de Carreras haya explicado durante años en artículos y conferencias, o se haya comprometido pública y políticamente con la defensa de la legalidad constitucional que impide a las comunidades autónomas hacer referendos de autodeterminación; basta con una frase en un debate televisivo más o menos desafortunada para que le atribuyan otra de sentido muy distinto que nunca llegó a pronunciar. Conozco a Carreras, pero sobre todo conozco lo pesados que son los nacionalistas. La tentación de mandarlos a paseo o de soltarles: "para ti la perra gorda" cada vez que caen sobre uno con toda su aburrida pesadez, es humana y más en discusiones bizantinas sin más trascendencia que una más de las infinitas broncas mediáticas a que nos tienen acostumbrados.

Nunca llegó a defender, ni apoyar la celebración de referendos de autodeterminación o soberanistas, ni afirmó que la Constitución del Canadá establezca los referendos consultivos. Muy al contrario, dejó claro que el sistema constitucional español no permite el referendo de autodeterminación. Y lo que soltó –seguramente harto de tanto pesado nacionalista–, es la posibilidad de un "referendo consultivo que pueda tener en cuenta el Estado". Google nos permite ir a la fuente. Seguramente no debería haber caído en la provocación, pero es un intelectual, no un político acostumbrado a decir lo que el votante quiere escuchar. Para un intelectual no rigen esas reglas, para un intelectual, la regla es la complejidad del mundo y su comprensión. O sea, está más cerca de la filosofía que de la política.

Es la mala fe o la pereza intelectual de quien pretende cargar tintas o buscar daño por no ser el personaje santo de su devoción los que reducen el comentario a un titular, sometiendo la complejidad de su pensamiento a un slogan. Si repararan dos segundos y le preguntaran por el asunto cerveza en mano o mesa de conferencias por medio, seguramente les explicaría la imposibilidad de celebrar referendo alguno en el marco de la Constitución española actual; que el sujeto jurídico de ese derecho es todo el pueblo español y que no hay otra forma de llegar a tal referendo que la modificación de la Constitución a través de los mecanismos democráticos que ella misma contempla. Y si todo eso ocurriese y le picáis un poco más, lo mismo os escenificaba el laberinto estúpido donde nos meteríamos sin saber qué porcentaje debería ser suficiente para fundar derecho y obligación, qué abstención sería soportable para dar validez a tal referendo o por qué habría de celebrarse cada 20 años en vez de cada 120 en caso de salir negativo.

Pero como al perro flaco todo son pulgas, arrastra desde hace tiempo la leyenda de que en realidad esa concesión sólo es la evidencia de que no cree en Ciudadanos como partido nacional, sino como instrumento circunstancial para obligar al PSC a rectificar su deriva nacionalista. Méritos ha hecho en el pasado para dar credibilidad a esta hipótesis, pero aún así Ciudadanos es un partido donde él no es más que un militante; influyente, pero sólo un militante. Y en último extremo, si así fuera, tal idea era tan legítima como cualquier otra. Y les aseguro que en Ciudadanos escaso apoyo tendría, pues tenemos claro que el sujeto jurídico es todo el pueblo español y nadie, incluidos los lehendakaris broncas de turno, están por encima de la ley, sino sujetos a ella.

El caso de Fernando Savater, si acaso, es más claro. Quién conozca su obra, sobra todo comentario. Como defensor incansable de la Ilustración, entiende a cualquier Estado que sea digno de tal nombre, como un Estado democrático formado por ciudadanos libres y no por vasallos o súbditos. Él mismo dice: "Quienes defendemos la unidad del país y la igualdad de todos dentro de él –leyes iguales para todos y todos iguales ante la ley– lo hacemos porque sin unidad e igualdad no puede haber garantía democrática de nuestras libertades". España no se la sopla, si a ese Estado se refiere; al contrario, la vive desapasionadamente, como se deben vivir los espacios donde transcurren nuestras vidas, como el espacio donde se ha dado y se da su única patria posible: la infancia. Lo que se la sopla es ese concepto nacionalista basado en sentimientos atávicos, a menudo esgrimidos por ciudadanos de buena fe que han hecho de la patria un estremecimiento platónico de existencia natural y eterna que nadie puede cuestionar, pero a menudo también por patriotas descerebrados que toman a la patria como una extensión del útero materno cuyo cuestionamiento es motivo de pelea. Inútil hacer comprender a un nacionalista que lo es de manera circunstancial y por azar. Podría haber nacido en el país vecino y ser tan cerril en su defensa como en el desprecio que hoy le profesa por haber tenido la ocurrencia de haber nacido en el de enfrente.

Pero ¿qué importan estas sutilezas para quién está dispuesto a aprovechar la ocasión que le brinda el titular y arremeter contra el viejo enemigo intelectual o el nuevo adversario político?

No se le puede exigir a Savater que se coma las palabras; vive de recrearlas y multiplicarlas, de imaginar ideas y enlazarlas en abigarrados racimos llenos de sutiles pensamientos. Su actividad no es la publicidad, sino la filosofía, o sea, esa cosa que sirve para darse cuenta que no sabes nada de casi todo.

Ya quisiera yo que hubiera en España cien mil españoles como estos, en lugar de los cien mil hijos de San Luis amedrentando al personal desde las periferias nacionalistas.

Antonio Robles

jueves, 8 de noviembre de 2007

El ciudadano y la rosa

Publicado en el Diario EL Mundo del Siglo sección de opinión XXI -8/11/2007

Francisco Sosa Wagner

A duras penas vemos cómo aparecen en el espacio político español nuevas ofertas que tratan de corregir las tradicionales, representadas por los partidos mayoritarios. No les va a ser fácil encontrar un hueco en los medios de comunicación para hacer llegar sus mensajes a los ciudadanos, porque suponen una novedad y todo sistema establecido es reacio a acogerlas en su seno. Me parece que es el profeta Mahoma quien asegura que toda innovación es extravío y a esta máxima parecen acogerse los actores que se mueven en el escenario donde se representa el juego democrático instaurado en España hace ya 30 años.

Tiene cierta gracia que, entre nosotros, pueda hablarse todavía de progresistas y conservadores en relación con los partidos políticos, cuando lo cierto es que los establecidos constituyen el ejemplo más acabado y sólido del conservadurismo, si por tal se entiende su vocación por conservar el poder así como el mecanismo electoral que les permite llegar a él y disfrutarlo. Cualquier perturbación les incomoda, como incomoda a todo burgués cualquier reivindicación que altere su digestión de individuo instalado y satisfecho.

Hemos llegado a una situación en la que, incluso quien acumule varias afecciones oculares, advertirá que la democracia en España ha sido literalmente secuestrada por los partidos políticos, que se han apropiado de ella y la tratan y manejan a su antojo, según lo imponen sus cambiantes caprichos. Podría afirmarse que nuestra democracia es una democracia adúltera, que ha abandonado a su legitimo cónyuge, que es el pueblo, para irse de jolgorio con los partidos mancillando así un acto sagrado. Todo el supremo enredo al que estamos asistiendo relacionado con el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional -enredo de comedia y no alta, sino de sainete con tintes de astracán- tiene su origen en el hecho de que los partidos políticos no se contentan con ejercer las sustanciosas funciones que les asigna el artículo 6 de la Constitución de 1978, sino que pretenden, además, manejar, por medio de un artilugio a distancia, el sistema nervioso de la justicia, haciéndola sierva de sus ocurrencias, humores y humoradas. Orillando todas las barreras convencionales y aun las buenas maneras. Esta actitud trastoca por completo el edificio de los poderes constitucionales, tal como han sido configurados por la ortodoxia jurídica, y es ocasión para que salte por los aires esa teoría política perfilada y sutil que es cabalmente la teoría democrática.

Pero a los partidos políticos tradicionales parece darles jamás, convencidos como están de que lo importante es conseguir victorias, pequeños triunfos parciales, los que se obtienen en cada enfrentamiento, en cada esquina, armados con el trabuco de la intriga, frente a un rival convertido en hostis, aunque esas victorias lleven al deterioro irreversible del sistema y lo instale en el corazón de las tinieblas.

Liberar a la democracia del entramado diabólico de llanas que han ido tejiendo los partidos políticos y dotarla de nuevo de un aspecto elástico, fibroso y ágil, no es tarea de un fin de semana. Y no lo es precisamente por el carácter conservador de sus actores, engastados ya hoy en unos privilegios que les permiten saciarse en los pechos del poder y derramar en su entorno beneficios, prebendas y premios de análoga manera a como las derramaba el monarca absoluto: para asegurar lealtades y adhesiones.

Sin embargo, si no queremos convertimos en estatuas o limitamos a llorar en las puertas de los templos, se impone intentar al menos la transformación del tablero donde se juega el juego trocado. Y uno de los modos es abrir el abanico de las ofertas electorales, ampliando su espectro. Es decir, creando nuevas formaciones políticas.

Nuevos partidos. Éste es el empeño en el que se hallan embarcados algunos arrojados en el escenario español. Su actitud gallarda, con maneras que se atreven a desafiar la inmovilidad de las cosas, es un júbilo -en el que tintinean muchas alegres campanillas- para quienes creemos que el sistema democrático, porque está regado con los mejores fertilizantes, es capaz de limpiarse de adherencias indeseables y regenerarse.

El ejemplo alemán es bien elocuente: la irrupción de los verdes en el panorama político se produjo cuando un grupo de personas se percataron de que ni el partido socialdemócrata ni el cristiano demócrata o el liberal les representaba en sus planteamientos políticos que por supuesto nada tenían que ver con las monsergas de la identidad a la que tan dados somos por estos pagos, sino con cuestiones más concretas como la política fiscal, la de transportes o la de energía. En 1977 consiguieron los primeros concejales y en 1998 entraron triunfales en el Gobierno federal de Berlín de la mano de la socialdemocracia. Han remado en muchas singladuras y han servido para remover las aguas de la política alemana, ejerciendo además una influencia determinante en la renovación de las formaciones políticas tradicionales.

En España, me parece que no me equivoco si afirmo que las nuevas propuestas tienen todas ellas un denominador común: el deseo de limitar la influencia de los partidos políticos nacionalistas (especialmente, vascos catalanes) en el Gobierno de España. La situación, por su evidencia, es bien conocida: una ley electoral, confeccionada cuando, después de habernos confesado los pecados del franquismo, estábamos cumpliendo la penitencia impuesta por las exigencias de la Transición, ha primado en las Cortes a tales formaciones. Y éstas han usado y abusado de su posición de dominio para condicionar a los gobiernos de España: a los que han sido, al que es, y -si no se remedia- al que será. Y lo han hecho abiertamente o envueltas en gemidos engañosos o en melindres de desdén. Partidos que simplemente no creen en el Estado, pues algunos no se recatan en ocultar su vocación independentista -incluso la proclaman con descaro-, son los que han de ayudar a los partidos nacionales en su tarea de conducir y gobernar ese mismo Estado. Es decir, estamos autorizando a las lubinas a que redacten el reglamento de la piscifactoría. Un despropósito de dimensiones colosales. Muchos somos por ello conscientes del gran trampantojo que se exhibe en nuestra fachada democrática.

Ahora parece que tenemos la suerte de que unos pocos están dispuestos a contribuir a desmontar el engaño. Alegra porque justamente es la denuncia del engaño la tinta con la que siempre se ha escrito la historia del progreso. Ocurre, sin embargo, que estos bien intencionados políticos, digámoslo claramente, las gentes de vahos foros cívicos, las personas que se mueven en torno a los Ciudadanos de Cataluña o se han afiliado al partido de Fernando Savater y Rosa Díez, se nos presentan divididos y enfrentados por cuestiones que parecen bien secundarias y desde luego puramente nominales.

Gran lástima produce tal espectáculo y gran decepción para quienes seguimos sus movimientos con la esperanza de que logren agitar el panorama político, embalsamado en enredos sectarios y en ritos cómplices. Porque ese objetivo, el de descomponer el atrezzo de la escena española, sólo se logra con un racimo de diputados en las Cortes. Y, a su vez, esa presencia exige que se emita un mensaje nítido al votante resumido en la siguiente fórmula: vótenos para conseguir que los partidos nacionalistas dejen de condimentar todas las salsas de la política española. Así de simple. Me parece que poco más hay que discurrir en punto a líneas programáticas o banderas ideológicas.

Porque si, a las dificultades que el sistema político establecido vaya aparejando con los potentes medios a su alcance, se unen las derivadas de una carrera en solitario, ayuna de armonía o tintada por personalismos extemporáneos, los resultados serán catastróficos para los abanderados de tan noble causa y -lo que es fatal- para el tratamiento anti arrugas que reclama nuestro sistema democrático.

Es decir, nos quedaremos sin el ciudadano y sin la rosa.

Francisco Sosa Wagner

catedrático de Derecho
Administrativo y autor

(junto con Igor Sosa Mayor) de El Estado fragmentado