Dramatizando

Publicado en la Vanguardia
Francesc de Carreras


Si todo lo que se dice en estas semanas preelectorales fuera cierto y se cumpliera, en España no se podría formar gobierno nunca. Veamos.
La Junta Electoral Central ha decidido acumular los diputados del PSOE y del PSC considerando que se trata del mismo partido a efectos de reparto de espacios electorales. No pongo en duda que la resolución de la Junta esté bien fundada, pero las apariencias son otras y cada vez se tiene más la sensación no sólo que PSOE y PSC van cada uno por su lado sino que pronto pueden estar seriamente enfrentados.
En efecto, Montilla ya habla como Jordi Pujol en sus buenos tiempos. Según la crónica de Cristina Sen en “La Vanguardia” de ayer, el presidente catalán ha dicho en Madrid que se considera el 128 president de la Generalitat, algo que sólo sostienen los partidarios del nacionalismo más integrista. ¿Se imaginan el cachondeo que se montaría si el Rey de España empezara a contar a sus antecesores a partir del rey visigodo Ataulfo que, por cierto, estableció su corte en Barcelona y aquí fue asesinado en el año 415? ¿O que Zapatero se considerara sucesor de los validos españoles, del duque de Lerma o, peor, del conde-duque de Olivares?
Montilla, en cuanto pisa Madrid se transmuta, Pujol fue un tibio a su lado. Para rematar la jugada, Montilla ha asegurado que su misión es preservar una institución que salvaguarda la identidad catalana y que ahora es él, y no CiU, quien defiende a Catalunya. ¿Recuerdan este lenguaje? Y también amenaza: una actitud dilatoria del próximo ejecutivo en responder a las demandas catalanas constituiría un grave problema de “estabilidad política” y si la actitud fuese hostil sería “un grave atentado a la Constitución y a la democracia”. ¿Sospecha Montilla que un futuro gobierno socialista podría llegar a cometer tales desmanes? ¿Habla Montilla o habla Ibarretxe? Por su parte, Artur Mas, impasible, sostiene unas horas despues que de producirse un pacto entre PSOE y CiU, lo cual es muy probable para poder formar Gobierno, Montilla tendría los días contados como president.
Y después están las encuestas y sus “cocinados” resultados. Según el CIS, órgano dependiente del gobierno de España, el PP se acerca peligrosamente al PSOE. Por su parte, según el CEO, órgano dependiente del Govern de la Generalitat, el PSC ha pegado un súbito bajón de diez puntos en tres meses. ¡Pobres socialistas! Pero claro, vaya usted a saber: se trata de organismos oficiales de Madrid y Barcelona. Y ya dijo Zapatero a micro cerrado – es decir, con sinceridad – tras la entrevista con Iñaki Gabilondo que las encuestas iban muy bien pero que a su partido le convenía que hubiera tensión. Y textualmente añadió: “Yo voy a empezar, a partir de este fin de semana, a dramatizar un poco”. ¿Son estas encuestas oficiales una escena del drama anunciado? Porque, efectivamente, ya estamos en fin de semana.

Francesc de Carreras

El efecto Ciudadanos

Publicado en Libertad digital

Antonio Robles

Andan contrariados algunos de mis compañeros por el cambio de chaqueta en política lingüística del Partido Popular. Otros están encantados. En sólo un año y medio hemos conseguido poner en cuestión todo el sistema de inmersión lingüística de la Generalitat de Cataluña, hablar en castellano en el Parlamento, abrir los ojos y aumentar la autoestima de miles de ciudadanos; pero, sobre todo, hemos conseguido que parte de nuestras tesis en política lingüística sean asumidas por el Partido Popular, mientras algunos miembros destacados del Partido Socialista de Cataluña presionan para levantar el pie del acelerador nacional.

En realidad, Ciudadanos no nació para ser un partido al uso, ya saben, como una empresa que se quiere perpetuar en el tiempo, sino para ser un proyecto capaz de cambiar la realidad. Su sola presencia –pensamos muchos muchas veces, mucho antes de que ni siquiera soñáramos con que fuera posible su existencia– obligaría a PPC y PSC a cambiar sus discursos en política lingüística. Estábamos convencidos de que sólo en el silencio podrían seguir siendo conculcados los derechos de los castellanohablantes, pero en el momento que fuera posible evidenciar la exclusión cultural, la fuerza de la gente castellanohablante en las urnas obligaría necesariamente al Partido Popular o al PSC, o a los dos, a cambiar de política lingüística si no querían ver mermados seriamente los apoyos de la comunidad castellanohablante.

Pues bien, en solo 15 meses la actividad parlamentaria de tres diputados ha obligado al Partido Popular de Cataluña a llevar al Pleno la reforma de la ley de política lingüística de 1998 para garantizar la enseñanza en lengua materna y la igualdad lingüística. Los 89.946 votos en las autonómicas del 1 de noviembre fueron el primer aviso; el segundo, la persistente labor de Ciudadanos por llevar a las instituciones la normalidad lingüística de la calle. Ayer no se hablaba castellano en el parlamento, hoy no sólo lo hacen tres parlamentarios.

Esta actitud de C’s ha obligado al PPC a utilizar retales de la lengua de Cervantes en algunas de sus intervenciones. Antes había dimitido su presidente, Josep Piqué, en buena medida por la atmósfera creada por Ciudadanos. Fue sintomático que quien le sustituyera en el cargo, Daniel Sirera hiciera la mitad de su discurso en la lengua común de todos los españoles a propósito de su primera intervención parlamentaria como presidente del PPC. Hasta el diputado Joan Ferrán, del PSC, se despachó a gusto contra la costra nacionalista de Catalunya Radio y TV3.

De esta guisa, el efecto Ciudadanos estaba a punto de convertirse en una leyenda. La rubricó la diputada Irene Rigau en la Comisión de Educación, el 31 de enero de 2008, al acusar al Partido Socialista de haberse dejado erosionar por la mala conciencia que el grupo mixto había conseguido meter también en el Partido Popular. "No ganarán ninguna votación", dijo la diputada de CiU, pero están consiguiendo crear mala conciencia en los dos grandes partidos de raíz española.

De esa presencia ocultada de Ciudadanos, pero temida por los populares, surgió la propuesta del candidato a la presidencia de España, Mariano Rajoy. Acababan de caer en la cuenta de que España era el único país del mundo donde la lengua oficial del Estado se la excluía como lengua de aprendizaje en alguna de sus comunidades. Y, además, la polvareda levantada por el desparpajo de Ciudadanos por denunciarlo le hizo caer en la cuenta de que el tema podría darles muchos votos. Intuido, temido y hecho: lanzó la promesa de una ley de lenguas para garantizar que todos los españoles pudieran estudiar en castellano vivieran donde vivieran. Y en esa atmósfera lingüística de cambio de ciclo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, promete a su vez un colegio en la capital de España donde puedan estudiar en catalán quienes lo soliciten. Si la primera medida fue un pulso a los nacionalistas, la segunda los dejó sin argumentos. Unos días antes, el periodista y contertulio catalanista de Onda Cero Enric Julià había utilizado la imposibilidad de estudiar catalán en Madrid, para justificar la injustificable exclusión del castellano como lengua vehicular en Cataluña.

Sólo un año antes, semejantes medidas y promesas eran impensables. El fenómeno conocido como efecto Ciudadanos está cambiando la política nacional.

No, no es malo que el Partido Popular asuma las tesis de Ciudadanos, ni es malo que eso les lleve a recuperar votos, ni malo sería que el partido socialista de Cataluña las asumiese a su vez y, como el Partido Popular, también nos restase votos. Eso querría decir que Ciudadanos habría cumplido su misión primera: que los partidos nacionales se comprometan con la defensa de los intereses de todos los españoles.

Nunca un partido tan pequeño y en tan poco tiempo consiguió cambiar tantas cosas a tanta velocidad. Ciudadanos no debe temer que los dos grandes partidos nacionales les arrebaten las ideas; esa sería su mayor victoria. Al fin y al cabo, siempre sostuvimos que apoyaríamos cualquier idea que fuere justa y buena, viniera de donde viniera. En este caso no sólo son justas: son las nuestras.

Antonio Robles

Esta crisis es nuestra

Publicado en Estrella Digital

Luis de Velasco

A poco de iniciarse en Estados Unidos la crisis de las hipotecas basura y extenderse su contagio fuera, el Gobierno de nuestra nación se apresuró a manifestar que nuestra economía no se vería afectada porque sus fundamentos son sólidos. Pocas semanas después están claras dos cosas. Una, que efectivamente nuestra economía está siendo, hasta ahora, escasamente afectada por factores externos. Dos y mucho más importante, que la situación económica se está deteriorando rápidamente (el propio ministro de Economía ha reconocido que mucho más de lo esperado) y que las causas son internas. Esta crisis económica es, sobre todo, nuestra, en lo esencial no viene de fuera aunque, al ampliarse, nos afecta.

El modelo de crecimiento en el que "la ciudad alegre y confiada" se instaló desde hace quince años estaba basado en factores puramente internos y llevaba dentro las semillas de su propia destrucción. Tipos de interés reales negativos o muy bajos, abundancia de mano de obra susceptible de explotación, alto volumen de acumulación de beneficios empresariales, bajísimo nivel y casi nulo crecimiento de la productividad, gran endeudamiento de familias y empresas, insólito protagonismo del sector de la construcción (en diez años duplica su participación en el PIB alcanzando un increíble 18 por ciento) y, dentro del mismo, de la edificación (un 75 por ciento del total), estaba claro que "se moriría de éxito", que la cosa era pan para hoy (no para todos) y hambre para mañana (para muchos más).

Recientes y variados indicadores, desde el aumento del paro en enero hasta la gran caída de la edificación, pasando por el fuerte incremento de la desconfianza y el mal comportamiento de la producción industrial, muestran que vienen tiempos peores y mucho más difíciles de gestionar que unos años recientes en que muy poco se ha hecho para preparar eso que se denominó cambio de modelo de crecimiento, cambio que es absolutamente imprescindible pero difícil y siempre lento.

Los desgarros políticos y sociales que produce el desmadre del modelo autonómico, que se irán viendo más agudamente en los años próximos si no se rectifica seriamente, tienen también su coste económico. La unidad del mercado interior, del espacio económico interior, está cada vez más quebrantada y ese proceso es simultáneo a lo que ya vaticinó uno de los responsables de este estado de cosas, Maragall, cuando habló refiriéndose al Estado de la nación como un "Estado residual". Los instrumentos de política económica y social que quedan en ese Estado central son cada vez más escasos, con lo que su capacidad de gestionar una crisis muy profunda como la que encaramos es limitada y siempre sujeta a negociaciones y componendas. Eso abarca, por nombrar sólo cuatro apartados, desde temas fiscales (lo hemos visto en el llamado "sudoku" de la financiación autonómica y en los trapicheos de última hora para lograr la aprobación del presupuesto para este año) hasta políticas absolutamente claves como la educativa (algo tendrá que ver con esto el fracaso denunciado por el Informe Pisa), la de vivienda y urbanismo (el país de Europa Occidental con más viviendas construidas en los últimos años es también el país donde más inaccesible es la vivienda para más de la mitad de la población, algo falla aquí), la del agua con Autonomías "adjudicándose" cuencas de ríos o la de internacionalización (donde esos entes siguen despilfarrando y haciendo la guerra, una guerra absolutamente improductiva, por su cuenta). El Estado central no puede dedicar parte creciente de sus energías a eternas discusiones con las insaciables partes autonómicas de ese Estado. Tampoco hay sociedad que lo resista. Siempre, aunque se quiera ignorar, hay unos costes.

Por supuesto que no todo los pasivos deben anotarse al sistema autonómico. La política económica de estos cuatro años, salvo alguna excepción, se ha limitado a no hacer nada, a acompañar unas brillantes cifras macroeconómicas. Eso sí, acompañadas de unas menos brillantes en renglones como el déficit exterior y el correlativo endeudamiento o el ya citado estancamiento de la productividad o la persistente tendencia a la inflación, debilidades extremas todas ellas ocultas bajo los ladrillos. Y también acompañadas de unas mucho menos brillantes en cuanto al reparto, crecientemente desigual, de ese aumento del bienestar, algo ya reconocido por (casi) todos.

La gestión de esta crisis que está ya ahí y que no es sólo económica exige acuerdos políticos amplios para rectificar muchas cosas. Unos segundos Pactos de la Moncloa no sólo económicos y entre partidos que respeten la Constitución. Es más que probable que una clase política cada vez más alejada de la realidad y de los ciudadanos no esté a la altura de estas graves circunstancias.

Luis de Velasco

El dique de contención

 

Doña Maite Nolla asegura que llega al PP, donde ha entrado directamente a formar parte de la ejecutiva regional en Cataluña, para decirle a Rajoy que no pacte con CIU. De ello se deduce que la señora Nolla es contraria a pactar con un partido nacionalista que durante muchos años ha gobernado en Cataluña, los últimos con el decisivo apoyo de los populares catalanes. Y aún más: que no las tiene todas consigo y sospecha, con base fundada, que está en la intención del líder del primer partido de la oposición formar una mayoría parlamentaria con el apoyo de los nacionalistas para ser presidente del Gobierno, siempre que la aritmética se lo permita después del 9 de marzo.

El asunto reviste interés, dejando a un lado los nombres propios, por cuanto permite reflexionar sobre las motivaciones que llevan a la afiliación política. Vale decir: un ciudadano se inscribe en una organización con la que tiene un elevado porcentaje de coincidencias ideológicas y estratégicas y lo hace para aportar su granito de arena a la causa común. Sin embargo, la doctrina Nolla establece un planteamiento inédito, por el cuál la labor del militante se asemeja a la del primo mayor que acompaña a la pandilla de verano para que las mamás se queden tranquilas.

En la primera campaña electoral para unas generales de la que uno tiene memoria adulta, la de 1993, corrieron ríos de tinta sobre el fichaje del juez estrella Garzón como número 2 del PSOE en Madrid. Felipe González, en su agonía política, se hacía acompañar de un hombre que había destacado por actuaciones judiciales contra la corrupción, el fenómeno que aparecía cada vez más ligado a las administraciones gestionadas por los socialistas. Todo un síntoma de que la conciencia de los gobernantes del momento no estaba tranquila en relación a esta cuestión. Más de una década después, la conciencia del otro gran partido nacional no está tranquila respecto a su relación con lo más atávico de la política española: los nacionalismos de viejo o nuevo cuño.

Rajoy escuchará muchas cosas de muchos dirigentes de su partido hasta el día de las elecciones y también después. Y no parece ilógico pensar que tendrán más ascendente sobre él dirigentes de mayor peso específico y experiencia que su último fichaje para Cataluña. Voces como las de Juan Costa – "hay que volver al 96"-, Gabriel Elorriaga – "cuando no se habla de modelo de estado nuestras coincidencias con CIU y el PNV son muchas" o Pío García Escudero, que recientemente también ha abogado por esa vía para volver a La Moncloa. Voces a las que no cabe contraponer ninguna otra en sentido desaprobatorio.

El dique de contención contra la corrupción que se suponía iba a representar Garzón terminó abandonando la nave para posteriormente tener una actuación decisiva en la reapertura del caso GAL, que permitió depurar las responsabilidades penales de la cúpula de Interior. Quizá haya cosas que sólo se puedan evitar fuera de ciertos partidos.

 

Julio Veiga

OCURRENCIAS PELIGROSAS

Este mundillo político nuestro se está llenando de ocurrencias peligrosas que, por abundantes y frecuentes, se banalizan sin reparar en sus amenazas.

Así ha sucedido, verbigracia, con el regalito discriminante de 400 euros por parte del pródigo señor Rodríguez (Zapatero) que ha chocado mucho por semejarse a la compra caciquil de votos de infausta memoria. Pero el riesgo no está ahí, está en la mordida insufrible que ello supondría al salario social de los españoles impidiendo, con otras insolidarias reducciones de impuestos, el desarrollo de políticas públicas (educación, justicia, seguridad, sanidad…) tan enormemente necesitadas de fondos para que en España exista una mínima justicia social.

A otro se le antoja decir que los inmigrantes abusan de nuestro (deficiente) sistema de salud pública porque en su país no lo tienen. No está el peligro ni en la estulticia ni en la discriminación, está en el desconocimiento, para un político, de lo que es un ciudadano y de cuál es el objetivo de un sistema público de salud. Salvo que se esté pensando en privatizarlo….

Al de acullá se le ocurre llamar a la rebelión contra Educación para la Ciudadanía porque está hecha para adoctrinar. ¿Y para qué sino? Visto que doctrina, según la primera acepción de la RAE es "Enseñanza que se da para instrucción de alguien", Evidentemente hay que adoctrinar a nuestros jóvenes en los valores humanistas, cívicos, democráticos y ciudadanos. La amenaza está en que quien tal dice realmente piensa que hay que doctrinar según la tercera acepción: "Conjunto de ideas u opiniones religiosas….". Sabemos de cual religión y sabemos que cree el ladrón que todos son de su condición...El peligro está también en que pretende gobernarnos.

Pero hay una genial ocurrencia que ha levantado reacciones superficiales, pero en la que el peligro real se ha dejado tapado. Resulta que a la Junta de Andalucía se le ha ocurrido que debe promocionar y facilitar el estudio de las lenguas regionales españolas. Pese a la algarabía que se ha montado, no hay nada que objetar. De hecho un partido joven y de futuro, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, ya había sugerido en su acción política la necesidad de impulsar en toda España el estudio de las lenguas regionales, y no es, precisamente un partido filo-nacionalista. Es una buena idea. ¿ Entonces, de dónde viene el peligro? Pues viene de la declaración de intenciones que acompañaba la propuesta. Esta medida se tomaría "para permitir a los andaluces el ir a trabajar a Cataluña y tener más oportunidades laborales". De un plumazo, nos hemos cargado la movilidad del factor trabajo en España, el indispensable papel cohesionante del idioma común históricamente adquirido y, de paso, el deber de conocer el castellano y derecho a usarlo que recoge la Constitución Española. Así, con un par de narices. O sea que un organismo del Estado (socialista, como viene siendo costumbre) admite que para ir a trabajar a Cataluña, para un español, es menester saber catalán. Un retroceso de siglos que tan ricamente admite un organismo público, sin pasársele por la imaginación que su obligación es combatirlo. La mejor manera, la única, que tiene la Junta de defender el derecho al trabajo de los hispano-andaluces es hacer que para trabajar en cualquier rincón de España, baste con saber castellano. En fin, esperemos que no se les ocurra restablecer el derecho de pernada. Derecho histórico donde los haya….

Pero lo que más miedo nos da es una ocurrencia a futuro. Todo parece indicar que a los votantes españoles se les va a ocurrir votar masivamente al PSOE o al PP en las elecciones del 9 de marzo. Peligro, peligro, ciudadanos.

 

Enrique Calvet