Balancines fiscales

Casi nos la cuelan.

Llevábamos años de burda manipulación de los nacional-separatistas en torno al manido asunto de las balanzas fiscales, y ahora resulta que a cuenta de un nuevo estudio –“Las balanzas fiscales de las comunidades autónomas con la Administración Pública Central (1991-2005)”, de Ezequiel Uriel y Ramón Barberán, publicada por la Fundación BBVA en noviembre de 2007–, ahora resulta, digo, que las conclusiones son las mismas… pero al contrario: que la comunidad expoliada o solidaria– que cada cual elija la terminología de sus amores– es Madrid y no Cataluña.

En un estudio elaborado en noviembre desde el prestigiosísimo Cercle d’Estudis Sobiranistes, titulado con un suficientemente expresivo “Infraestructures a Catalunya: un col·lapse anunciat”, los autores del raquítico estudio –10 páginas tan sólo– sabían sobreponerse a las grandes dificultades metodológicas presentes en los trabajos de estas características, para concluir, con tintes paranoico-conspirativos, y evidenciando una nula capacidad de sorpresa: “Sin Estado, Cataluña no tiene futuro. Con el Estado al contra, no tiene ni presente”.

En marcado contraste con ejemplos tendenciosos hasta el extremo como el recién citado, el estudio de Uriel y Barberán, en un afán encomiable, anunciaba su pretensión de perfeccionar la metodología de cálculo de las balanzas fiscales. Y es por ahí por donde caminamos en la dirección correcta, como muy bien ha escrito el economista asturiano Manuel Sarachaga.

Más que lanzarse a interpretar los resultados aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, tal y como se apresuraron a hacer los grandes medios tras el anuncio de su publicación, el trabajo de Uriel y Barberán debe ser examinado meticulosamente desde una óptica metodológica.

Así, en este estudio de la Fundación BBVA , los resultados se obtienen con arreglo al denominado enfoque ‘carga-beneficio’ para todas las autonomías en el período comprendido entre 1991 y 2005. Según este enfoque, los ingresos de la Administración Central se imputan al territorio donde residen las personas que, finalmente, soportan su carga. Los gastos, por su parte, son atribuidos al territorio donde residen las personas que disfrutan de sus beneficios.

Por evidente que pueda parecer esta opción metodológica, conviene detenerse un instante en los distintos modos de imputar ingresos y gastos. Los criterios de ‘territorialización’ contienen la mayoría de las claves interpretativas de los resultados matemáticos obtenidos.

Por el lado de los ingresos, por ejemplo, es preciso abordar el problema del tratamiento otorgado al impuesto de sociedades. Todas las empresas, por más que operen en el ámbito nacional, tienen su sede social en una localidad y comunidad autónoma determinada. Estas empresas, sin embargo, extraen su beneficio antes de impuestos –magnitud objeto de gravamen– de las múltiples transacciones de naturaleza comercial efectuadas a lo largo y ancho del territorio.

Siendo esto así, resulta difícilmente justificable contabilizar en los cálculos de balanza fiscal esos impuestos sobre el beneficio como ‘propios’ –mediante dudosas asunciones intermedias– de los territorios donde las empresas gozan de claros incentivos para fijar sus centros corporativos –Madrid y Barcelona principalmente en el caso español–.

Y como este ejemplo otros tantos. Las balanzas fiscales son instrumentos toscos. No se pueden blandir frívolamente como armas políticas en un sentido u otro.

Pero que nadie se alarme por estos incómodos obstáculos teóricos a la manipulación informativa. Existe un buen modo de corregir el injusto expolio o la excesiva solidaridad de esa criatura llamada balanza o balancín fiscal –por su incontestable contenido ludo-político–. Consiste, para el caso catalán, en anexionarse territorios con contribuyentes de poca estofa en la limítrofe provincia de Teruel. ¿Creen que es broma? Pues si consultan la edición catalana del Trivial Pursuit –Trivial Catalunya– quizá empiecen a pensar que no lo es tanto….

Jacobo Elosua

Dignidad para la ciudadanía

A mi amigo Norberto.

Veamos la situación. Nuestro dinero vale mucho menos. Debido a la inflación galopante, los mil euros del célebre mileurista compran menos cosas todavía. Nuestros ahorros, si están en depósito o renta fija, valen menos. Es decir, en general, somos más pobres salvo algunos como los que acceden a la condición de pensionista o de parado que son…. ¡mucho más pobres! Si nuestros ahorros (el que tenga) se han colocado en la compra de algún piso, éste vale menos y valdrá menos, a la vez que será mucho más difícil convertirlo en liquidez ( o sea, venderlo o trocarlo por un préstamo bancario). Lo dicho, somos más pobres. Quedaría la bolsa, las acciones. Está estancadilla dentro de su volatilidad ( que lo que sube hoy baja mañana) y los "expertos" le pronostican pocas alegrías. Aparte de no ser una solución para un gran número de compatriotas. O sea que no nos saca de pobres.

Como somos más pobres, los bancos nos prestan con más dificultad (nuestro piso avala menos) y mucho más caro. Pero es que, además, una serie de insensatos de la banca mundial que se habían dedicado a prestar a troche y moche a cualquier pringadete, no han logrado recuperar esos dineros (normal) y se han quedado con las cuentas temblando. Es decir que también son más pobres (los bancos, no los banqueros) y aún prestan mucho menos y mucho más caro. Sobre todo prestan menos y más caro a las empresas, que, además ven como les compramos menos cosas porque somos más pobres. Como desde fuera de España tampoco les compran gran cosa porque nuestros precios suben más y tenemos menor competitividad por problemas estructurales no resueltos, resulta que tienen que producir menos, lo que significa menor contratación de currantes y mayores despidos. –Dicho sea de paso, cuando se habla de problemas estructurales, a algunos se les hacen los dedos huéspedes y se van al despido barato. Pues sepan que la ruptura de la unidad de mercado, un sistema educativo calamitoso y una clase política nefasta son mucho más graves problemas estructurales-.

Si todos somos más pobres y hay más desempleados, es necesario tener un buen "salario social" (educación y sanidad públicas, ayudas al parado, fuerzas de seguridad abundantes, justicia) para no tener que pagarnos nosotros las cosas a nivel privado. Pero como se ha jugado desde hace años al peligroso divertimento de "hago como que te bajo los impuestos a costa de tu salario social" , porque hemos decidido no ser como Suecia, que está "démodée", pues por ahí también somos más pobres, ya que nos subirán los impuestos, mal y a destiempo, y tendremos que pagarnos las cosas privadamente y más caro.

Se podría haber enfocado el modelo por otra punta y añadido más variables, pero la conclusión sería la misma. Somos más pobres que hace un año, y vamos a serlo más.

Todo esto acompañando una injusta distribución de la renta y riqueza que alcanza cotas inmorales y nunca vistas en la historia reciente y no tan reciente. O sea que "El Pocero" es infinitamente más rico y los poceros son mucho más pobres.

Les voy a contar dos remedios nacidos de la "Nueva Política Económica del PSOE" que he leído en prensa poco ha. Una consiste en que comamos conejo, que está barato. Otra es que no nos pasemos en las propinas. A la vista de esto creo que el primer derecho que deben exigir los ciudadanos de esta nación, con sus partidos ciudadanos al frente, es el derecho a que no se mofen de ellos. Lo menos que debe tener un político, sobre todo si es incompetente, es respeto. Y el conejo se lo va a comer un pariente cercano del que yo me sé y, además, con propina.

Pero todo esto viene a colación, en estos momentos de pre-crisis económica, para recordar que la expansión y el reforzamiento del ciudadano pasa también por su dignidad social y derecho a poder satisfacer sus necesidades materiales elementales. Hoy en día, hay que hacer extensivo el concepto de ciudadano cómo miembro de una sociedad depositario de unos derechos políticos que le permiten influir en la vida y gobierno de esa sociedad, al de miembro con derechos políticos y sociales. Es muy difícil ejercer de ciudadano si uno ve vetado el acceso a una vivienda digna, a un sueldo razonable, a la posibilidad de fundar una familia, a poder tener una educación con futuro y un largo etc…Ser ciudadano y ejercer como tal comienza por no ser esclavo de la miseria ni siervo abnegado del sistema. Por eso hemos visto cómo un partido como Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía tiene como uno de sus cuatro pilares fundamentales de actuación y de oferta electoral, el restablecer las bases para que las personas que más importan vayan recuperando su dignidad y la prosperidad suficientes para integrarse socialmente y construir una sociedad justa. No se trata sólo de combatir el chantaje nacionalista ( lo que es indispensable hasta para resolver estos problemas), se trata de construir una España solidaria de ciudadanos dignos.

Enrique Calvet

EL ADN SOLIDARIO DE CIUDADANOS

Ciudadanos es el primer partido que se ha creado con el objetivo de oponerse a la guerra competencial insolidaria desatada por los partidos independentistas, los nacionalistas y las estructuras caciquiles regionales.

No existen en la actualidad partidos que hagan esta misma apuesta, exceptuando a UPyD.

El PP gobierna Navarra con los mayores privilegios de todo el sistema autonómico español, y se ha comprometido en la reforma de los estatutos Andaluz, Valenciano y Balear; el PSOE ha dado curso a todos estos y además al catalán, y gobierna en Cataluña en coalición con ERC, en Galicia con el BNG y en Baleares con grupos independentistas; IU suma a lo anterior su coalición con el PNV y EA en el País Vasco. Además, todos los partidos nacionales con responsabilidades autonómicas intentan permanentemente incrementar sus competencias a costa del estado. Nada de lo anterior parece detener la insaciable avidez soberanista.

Por qué habría que oponerse a esta guerra competencial y a las cesiones que se están realizando por parte del estado?

Porque el desmontaje de la unidad española es una operación insolidaria: se dirige a reducir el ámbito de igualación de derechos entre los ciudadanos, o al menos a dejarlo en un hecho formal, desproveyendo al Estado de los instrumentos para que esta igualación se lleve a cabo: la capacidad legislativa, los medios económicos y la intervención directa. Un estado ya vaciado por los procesos de privatización de sus empresas, incluso aquellas en sectores estratégicos, y por las transferencias de soberanía a la UE, se ve ahora reducido a residual por los traspasos a las autonomías y sin capacidad de formulación de proyectos para el conjunto de los ciudadanos.

Ciudadanos nace pues como una expresión solidaria en su núcleo político, entendiendo este concepto como el reconocimiento de que todo ciudadano español debe poder ejercer todos los derechos que le garantiza nuestro pacto de convivencia: la Constitución de 1978. Estos derechos son tanto los derechos individuales, las libertades civiles y políticas que allí se recogen, como los derechos sociales y al estado de bienestar, y los principios constitucionales en relación con las políticas económicas y sociales. No son una enumeración meramente defensiva, sino un dispositivo para la acción, la modernización y la articulación de proyectos de futuro.

Por eso mismo está en el ADN de Ciudadanos la pugna porque esos derechos se hagan realidad. No hay diferencia para este partido entre privilegios territoriales y privilegios económicos y sociales. Ambos son la antítesis del concepto de ciudadanía en la media en que hagan de obstáculo a que los derechos constitucionales se hagan realidad y a la igualdad en el acceso a su ejercicio. Y ambos son reaccionarios en cuanto se oponen a que los derechos ciudadanos se incrementen en extensión y calidad.

Este es un concepto que Ciudadanos ha visto con claridad y que lo aleja del resto de las formaciones políticas existentes. Unas, porque si bien dicen rechazar la insolidaridad social ceden ante los privilegios territoriales; otros, porque si bien dicen rechazar estos últimos, son los adalides de los privilegios económicos. En ambos casos la realidad es que los privilegios territoriales y económicos avanzan y los derechos ciudadanos ceden.

Ciudadanos se ve abocado, por la lógica de su propia creación, a ser el partido de los derechos ciudadanos en general.

En cuanto a UPyD: ha cercenado arbitrariamente los principios desde los que se deduce la oposición al nacionalismo. Porque si no se hace desde posiciones de ciudadanía, solidaridad e igualación de derechos, posiciones que no se pueden fragmentar ni limitar a discreción en su despliegue por motivos oportunistas, no hay lugar posible desde donde hacerla.

Salvo que se intente hacerlo desde el nacionalismo español.

Sería un engaño, porque qué es la nación española más de lo que son sus ciudadanos? Y qué es la ciudadanía más que la titularidad de los derechos que los pactos nos han otorgado?

Y qué legitimidad tienen las políticas de modernización, racionalidad y eficacia si no es la de servir mejor a los ciudadanos? Pude estarse a favor de eliminar los privilegios territoriales y de mantener en cambio los económicos?

La manifestación celebrada el sábado 15 de diciembre en Bruselas contra el alza del costo de la vida y contra la guerra competencial entre valones y flamencos da una clave sobre cuál es la solución para este desvarío. Tendrán que ser los ciudadanos los que hagan ver a sus dirigentes que no están dispuestos a que la agenda competencial insolidaria reemplace a la agenda de sus problemas reales.

Norberto Beirak