sábado, 21 de julio de 2007

Soleados amaneceres (versión light)


Imaz y Puras, Puras e Imaz. Dos ovejas descarriadas que vuelven al redil de la normalidad democrática, dicen y escriben algunos. Nada de pactar con Nafarroa Bai; ¿qué es eso de consultar a ‘los vascos y las vascas’ incumpliendo la legalidad vigente? Dos súbitos ataques de responsabilidad parecen iluminar nuestros grises amaneceres político-mediáticos.

Sin embargo, tras ser sujetas al microscopio de la letra pequeña, estas dos supuestas magníficas noticias no dan para tanto. Por un lado vemos como en Navarra, tras constatarse la imposibilidad de pacto con la coalición esukalduna, los socialistas avisan a UPN de que sólo hay una opción posible: el gobierno de éstos en minoría.

Nada de consultar otra vez al electorado ahora que las cartas están ya a la vista de todos. Uff, qué peligroso suena eso, semejan pensar los sesudos analistas de Ferraz. Mucho mejor permitir que salga de puerto un gobierno débil, que tenga una espada de Damocles pegadita al gaznate hasta el próximo mes de marzo. ¡Oh generosa y bienintencionada oferta en claro beneficio de la ciudadanía de la comunidad foral!

En el País Vasco, mientras tanto, los apoyos de Imaz y Ibarretxe/Eguibar en el Euskadi Buru Batzar bailan al son de las sillitas musicales, y con ellos se contonea la estabilidad de la España constitucional que conocemos. Las críticas filtradas desde este organismo a la ‘insolidaria’ postura belicosa de Imaz se han visto seguidas de melosas matizaciones desde el entorno de éste, descafeinando así buena parte del contenido del artículo aparecido en prensa el domingo pasado.

Pero no sólo el norte nos agua el panorama político. Coinciden estas noticias con otras provenientes del levante igual de decepcionantes. Y es que, con el nombramiento de Andrea Fabra, el PP se empeña en recordarnos que España, a día de hoy, está aún muy lejos de alejar los fantasmas caciquiles y clientelares que han plagado su historia.

Ciudadanos libres, iguales y solidarios. El objetivo, por lejos que esté de cumplirse, sigue siendo ése.

Jacobo Elosua

viernes, 20 de julio de 2007

LIBERTAD Y REBELIÓN CÍVICA


Frecuentemente se discute sobre los “excesos autonómicos”. Como solución, se habla mucho de “re-nacionalizar” competencias, o sea de devolvérselas al Estado, pero rara vez se cita la ampliación de las libertades, es decir, sustraer estas competencias a las comunidades autónomas pero no para devolvérselas al Estado, sino a la sociedad.

Tomemos el ejemplo de la educación, uno de los más citados. ¿Por qué prohibir la existencia de liceos españoles en Cataluña, en competencia real (es decir gratuitos) con los de la Generalitat? En general ¿por qué ha de tener el Gobierno, de cualquier nivel, la facultad de reglamentar la educación con tan excesivo detalle, de convertirla, incluso, en correa de transmisión de una ideología determinada?

Aún con mayor generalidad ¿por qué no se zanja la discusión sobre si la facultad de prohibir algo corresponde al gobierno central o autonómico estableciendo que ni uno ni otro puedan prohibirlo?

La respuesta evidente es que detrás de cada prohibición hay un grupo de intereses beneficiario y que este grupo favorecerá a la élite política central o autonómica capaz de mantenerla.

Es vano esperar una reforma desde el interior de las élites políticas establecidas puesto que su propia supervivencia depende del apoyo de sus patrocinadores. ¿Podría CiU, por ejemplo, preconizar mayor libertad para el comercio minorista? ¿Podría el PP reclamar que los agricultores paguen el agua de acuerdo con los costes de producción? ¿Puede cualquier partido establecido defender el interés público a costa de los intereses de los grupos específicos que lo apoyan?

La conclusión no es que falle del régimen de partidos, sino que la erradicación de la corrupción y, en general, la regeneración política tiene que venir de la mano de nuevos partidos que sepan interpretar la rebelión cívica contra los dictados de la oligarquía.

Si tienen éxito, los nuevos partidos tenderán, antes o después, a ser capturados por intereses particulares pero, por el momento, es la hora de ese magma inconformista en el que se encuentran Ciudadanos, la Iniciativa Basta Ya y tantos otros.

Que este movimiento cívico tenga éxito en las próximas elecciones está todavía en nuestras manos.
Juan Manuel Ortega

jueves, 19 de julio de 2007

Lealtad y borreguismo


El concepto de la lealtad se presta sin excesivos problemas a una manipulación más propia de un rubik cube que de un principio moral. Es, además, uno de esos conceptos que acusan una mayor depreciación en el moderno olimpo de lo venerable; de lo ampliamente admitido como guía de comportamiento social.

El motivo no es otro que la tendenciosa contraposición que se suele proponer entre los conceptos de lealtad e independencia. Para ello sólo hace falta mutar ideas (campo en el cual la multiplicidad del lenguaje dificulta la batalla cuerpo a cuerpo) por personas (con toda la fealdad de sus continuos errores y contradicciones). La elección propuesta, trasladándola del plano intelectual al emocional, no deja entonces apenas lugar a la duda.

Hoy, en nuestras sociedades, nadie soporta de buen grado ser acusado de falta de independencia. Las estadísticas, sin embargo, nos señalan que cada vez somos más borreguiles, más tendentes a la imitación en la práctica totalidad de los ámbitos de nuestra vida en sociedad. Un fruto maduro del árbol de la globalización, supongo.

Para la falta de lealtad, por el contrario, el margen de tolerancia tiende en el límite a infinito. La lealtad se subvierte, en este mundo imbuido de un rampante relativismo moral, por su pobre sucedáneo de la fidelidad a uno mismo. Auténtica ‘licencia para saltar’; saltarse todo aquello que a uno no le gusta, me refiero. Así, en el campo concreto de los partidos políticos, la lealtad a principios objetivables, no fijados por uno mismo a cada momento, se sustituye frívolamente, pero con esa voz rotunda de quien se cree en una posición de superioridad moral, por las mucho más ambiguas e inaprensibles ‘percepciones personales’.

No todos estamos ahí. Algunos aún pensamos que lo objetivable debe primar sobre la cortoplacista -al modo de la mosca de la fruta- y muy complaciente ‘auto-loa’ de base subjetiva. Los proyectos se construyen con lealtad. Sin ella, sin saber atenerse a unos niveles mínimos, el espacio para la colaboración social en cualquier ámbito por exiguo se torna inexistente.

miércoles, 18 de julio de 2007

¿Dónde estamos?


La actual dirección socialista ha hecho suyo el principio de gobernar la nación española junto a los partidos nacionalistas. Esta alianza de hecho no conduce a la ruptura de España, conduce a la conformación de tres comunidades diferentes (por ahora) obligadas a entenderse: Catalunya, Euskalerría y España, entendiendo por España el resto de comunidades.

En Europa asistimos a un modelo similar en Bélgica. Lo que allí ya es realidad, aquí son síntomas. Nada une ya a las dos comunidades belgas: Flandes y Valonia, más que su Constitución (cuya reforma se anuncia ya), su sistema electoral que obliga a formar gobierno con partidos de ambas comunidades, su distrito federal ( a su vez, dividido en zonas de influencia francófona y flamenca) y tal vez algún que otro icono belga. La desmembración social es patente hasta llegar a desgarrar las relaciones entre personas según sea su comunidad de origen.

Bélgica es el destino de España en las mentes de los partidos nacionalistas y en la acción del gobierno socialista de Zapatero.

Es bien cierto que aquí lo tienen más complicado: la desigualdad abismal entre las poblaciones de las tres comunidades pretendidas, la existencia de una lengua común y la imposible diferencia nítida entre ricos y pobres, entre zonas productivas y zonas subvencionadas, dado el desarrollo económico alcanzado por comunidades como Madrid, Baleares, Navarra, Cantabria, La Rioja, Aragón o Valenciana además de los crecimientos económicos, superiores la media nacional, que protagonizan Andalucía y Canarias.

¿Por qué un partido socialista se presta a tal alianza que lleva aparejada esa otra configuración de la organización territorial de España?.

Yo creo que la socialdemocracia tradicional española, como la europea, es ya un coronel (con mando en tropas) que no tiene ya quien le escriba la ruta ideológica. Zapatero, las terceras vías y ahora Segolene Royal son los sucesivos intentos de actualización de una ideología en declive con desigual fortuna. Efectivamente, el modelo socialdemócrata tradicional tuvo sobre todo en Suecia y en algún lander alemán sus modelos encumbrados como norte entre el comunismo y el capitalismo: un capitalismo de rostro humano – recordemos -, un socialismo en libertad….

Un modelo que ya no funciona, que ya no responde a los nuevos retos políticos, económicos y culturales con menor capacidad de resistencia allí dónde eran más ricos y más sujetos también al entramado burocrático socialdemócrata. Los poderosos partidos comunistas europeos fueron arrasados y los partidos socialistas están afectados ya de forma desigual.

Mientras tanto, las fuerzas políticas conservadoras evolucionan hacia una mayor fortaleza ideológica por sus respuestas a la globalización, a la seguridad, a la productividad,…sin que esas nuevas propuestas sean del signo anunciado por los socialistas: destrucción del estado del bienestar, recorte de las libertades democráticas, … El último episodio de este rearme conservador se está viviendo en estos momentos en nuestra vecina Francia.

(Que esta respuesta sólo es producto de la capacidad de resistencia, y no de la capacidad de sus propias y nuevas ideas, da muestra, por ejemplo, el hecho de que en el plano de la producción ideológica, la penuria socialista es un autentico erial, , salvados quizás los trabajos que se realizan en torno a la disidencia socialista de la Fundación Pablo Iglesias, frente a la fortaleza de la FAES y otros centros de pensamiento además de la enorme capacidad de importación de los ideas neoconservadoras).

Salvador Garrido

martes, 17 de julio de 2007

El honorable Montilla y la independencia.


El ínclito honorable Montilla ha manifestado públicamente que no se plantea la independencia (entiéndase de la Cataluña ibérica) porqué “no le han elegido para eso” y “porqué las encuestas demuestran que menos del 20% de la población (entiéndase de la Cataluña ibérica) es favorable a la independencia”.

No sabe uno qué admirar más, si la clarividencia del ilustre cordobés (entiéndase de la Andalucía ibérica) o la fortaleza de sus convicciones.

Alguien podría pensar que un alto cargo de un partido socialista podría oponerse ( distinto de no contemplar) a la independencia secesionista porque se enfrenta directamente a los principios de “solidaridad” , de “internacionalidad y universalidad”, de “ciudadanos del mundo” etc… que, dicen, están en la raíz del pensamiento socialista. Dicen.

Alguien podría pensar que un alto cargo del Estado podría oponerse por el respeto democrático a la Constitución Española que nos hemos dado y dónde queda claro que lo que sucede en la Cataluña ibérica (en la francesa no) compete e interesa, democráticamente, a todos los españoles.

Pero claro, estamos hablando de valores. ¡Qué gilitontez! La convicción del ilustre honorable Montilla es puramente estadística: no lo quiere porqué no tiene el apoyo del 50%.

Ahora bien, con leyes de inmersión, la televisión, la educación manipulada , el Estatut,y la cesión de consejerías claves a los separatistas, dentro de dos generaciones sí se obtendrá ese 50%, y lo único que sueña nuestro honorable es seguir en el machito y la poltrona para ser sensible “a la voluntad popular”. Lo que nos dice el ilustre President es que “ahora no toca” “pero espero estar cuando toque” Un hombre de valores y convicciones ,sí señor.

Pero pasmémonos ante su segunda explicación. , de una brillantez intelectual deslumbradora. “no me han elegido para eso”. ¡Qué suerte tener un prócer tan lúcido (acento en la u)! que ha interpretado perfectamente a sus electores. Él sabe para qué lo han elegido. ¡Sin populismo ni demagogia,oiga!

Está claro que lo han elegido, entre otras cosas, para hacer inconstitucional una tercera hora de enseñanza en español, para romper la unidad del sistema fiscal español y…para colocar a su mujer.

Y los ciudadanos de aquende y allende el noreste, padeciendo.

Los lúcidos, claro (con acento en la u).
Enrique Calvet

lunes, 16 de julio de 2007

Austrohúngaros ayer, hoy y siempre


De la lectura del magnífico libro de los Sosa, padre e hijo, titulado El Estado fragmentado, uno puede extraer múltiples conclusiones.

El riguroso análisis elaborado por Francisco Sosa Wagner –en el primero de los tres cuadernos- sobre los avatares de los Habsburgo desde su Suiza natal para, en el transcurso de escasos siglos, llegar a copar el poder político en la inmensa mayoría del territorio europeo, ofrece copiosos materiales para la reflexión.

Una de las más interesantes, a pesar de haber sido pasada por alto en las reseñas publicadas hasta la fecha, es la relativa a la triangulación histórica entre los emperadores Habsburgo, la nobleza magiar y los campesinos que poblaban los territorios húngaros.

En el tiempo de José II, inmediatamente anterior a la revolución francesa, el emperador impulsó medidas que, entre otras características, incluían una reforma fiscal uniformadora que no establecía diferencia alguna entre tierras campesinas y tierras señoriales y, lo que también es de crítica importancia, no distinguía entre los diferentes territorios de la monarquía.

La implementación de esta reforma, mediante la cual los campesinos quedaban de facto prácticamente liberados de todo servicio de origen feudal, provocó que la nobleza magiar comenzara a conspirar abiertamente contra el príncipe Habsburgo.

De hecho, la prematura muerte de José II, en febrero de 1790, con tan sólo 49 años, coadyuvada por la inestabilidad política imperante en Europa tras el triunfo de los sans-coulottes franceses, tuvo un efecto absolutamente perjudicial para los intereses del campesinado de los territorios húngaros.

El sucesor de José II, su hermano Leopoldo II (1790-1792) se vio obligado a pactar con la nobleza un acuerdo político “en virtud de la historia y la tradición”. Los estamentos (es decir, la nobleza fundamentalmente) mantenía así en pie el sistema feudal sin ceder un ápice, deshaciendo las reformas josefinas como un azucarillo en un vaso de agua.

El poder, su mantenimiento, obedece a su propia lógica interna. La noticia que nos proporcionan hoy los medios, según la cual el PSC querría desvincularse del PSOE en el Congreso -recuperando de ese modo el grupo parlamentario que tuvo desde la transición hasta el año 1981-, trae reminiscencias de otros siglos y de otras tierras.

No parece nada probable que sean los ciudadanos –meros campesinos actualizados a lo Calixto Bieito- los beneficiarios de estas nuevas triangulaciones sobre el tablero del poder político; en este caso del patrio.

La Agencia Tributaria de Cataluña como síntoma


Dos declaraciones importantes ayudan a situar la recién aprobada ley en el Parlamento catalán que establece la Agencia Tributaria propia. El consejero de Hacienda, Castells, del PSC, manifestó que “lo aprobado va más allá del Estatut”. El vicepresidente Solbes señaló su respeto por lo aprobado añadiendo, “pero tengo que cumplir lo que se ha aprobado en el Parlamento español”. Lo primero se sitúa en la estela de las declaraciones de políticos catalanes tras la aprobación del Estatut cuando insistieron en que era el comienzo para nuevas reivindicaciones. Lo segundo parece un reconocimiento implícito de lo opuesto de ambas normas. Pero, después de esto, el Gobierno no hará nada, podemos estar seguros.

El Parlament ha aprobado, con acuerdo sociovergente entusiasta, esta norma, cuando aún esta pendiente la decisión del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad del Estatut. Está claro que hay un doble objetivo. Primero, presionar al Tribunal con hechos consumados. Segundo, combatir la política de freno echado por algunos ministerios en Madrid que, con buen criterio, tratan de discutir y ralentizar la aplicación del mismo, conscientes los altos funcionarios de la gravedad de estos temas y su impacto en el vaciamiento del Estado central con sus secuelas de ineficacia y desigualdad. Quizá más de un ministro no quiere pasar a la historia entre los responsables del desaguisado.

La gravedad de lo aprobado va más allá de su propia trascendencia, que es mucha pues se trata de dineros, de la Hacienda, una de las irrenunciables señas de identidad de todo Estado. Es grave, además, como síntoma y prueba de una carrera en la que ya participan todos los gobiernos autonómicos, sean del signo político que sean. No sólo en el campo hacendístico sino en otros absolutamente claves como el de la lengua y la educación (se reactiva y amplifica la “inmersión” del catalán, comienza en septiembre la del euskera y se anuncia la del gallego) o en declaraciones pintorescas pero sintomáticas como las recientes de varios nuevos consejeros en Baleares, aupados por los socialistas.

No es fácil hacer un balance del Estado de las Autonomías, pues los juicios de valor impregnan cualquier conclusión. Pero, sobre todo a partir de la aprobación reciente del Estatut, está claro que si ese balance “ha sido” (en pasado) hasta ahora beneficioso, a partir de ahí se está trasformando en su contrario, en algo muy perjudicial. El vaciamiento del Estado, ese convertirlo en “residual” como acertadamente diagnosticó uno de su responsables más directos, Maragall, tiene altísimos costes de todo tipo que gravan a todos los ciudadanos. Es hora no sólo de echar el freno sino de volver marcha atrás lo que, en algunos temas, es relativamente sencillo jurídicamente aunque los obstáculos políticos, por el objetivo de todos los nacionalistas o asimilados de alcanzar o mantener sus parcelas de poder, son formidables.

Toda construcción federal, véase por ejemplo el caso de Estados Unidos, se basa en la lealtad al Estado de todas las partes como requisito imprescindible. Eso aquí no existe y es lo que exige medidas drásticas y rápidas. Para empezar, una decisión del Tribunal Constitucional, campo de batallas de todo tipo, incluso jurídicas. Pero eso no exime a los dos principales partidos de su enorme responsabilidad al no ponerse de acuerdo para encarar seriamente y con responsabilidad histórica este tema. Inmediatamente después de la aprobación por el Parlamento del Estatuto catalán, un ministro escribió un artículo cuya tesis era ¿ven ustedes cómo España no se rompe a pesar de esa aprobación? Por supuesto que las cosas no se rompen inmediatamente sino que lo van haciendo, como iremos viendo si alguien no lo remedia, cuando esa y otras normas (y muchas prácticas administrativas) se van aplicando a lo largo del tiempo.

Uno recuerda aquella situación de la orquesta del Titanic que seguía tocando en cubierta mientras el barco se iba hundiendo…