‘RIP’ al Impuesto sobre el Patrimonio

Publicado en Estrella Digital

Luis de Velasco

En unas recientes jornadas organizadas por el semanario liberal The Economist, en presencia de una nutrida representación de las clases dirigentes del país (las puestas en escena siempre mandan un mensaje), el presidente del Gobierno firmó el certificado de defunción del Impuesto sobre el Patrimonio. Zapatero proclamó el deseo de contar con un sistema tributario "razonable, equilibrado y simplificado". Obsérvese que ha desaparecido la mención de "equitativo", una de las señas de identidad forzosa de la socialdemocracia. Sin equidad en el ingreso público, no cabe hablar de política redistributiva en el gasto. Por eso, hablar de que Zapatero prosigue su viaje el centro tras esta decisión es un error. Se ha encontrado con Rajoy, que lo ha recibido con entusiasmo.

Lo que está detrás de esta decisión, una más, es una determinada visión de lo público, visión que se inscribe plenamente en la ideología dominante desde Thatcher y Reagan que, en síntesis, sostiene que los gobiernos (es decir, lo público en la economía) no son la solución sino el problema. En el caso español, aderezado por la creencia, impuesta desde los círculos dominantes de pensamiento, de que la "carga fiscal" (y ya hablar de "carga" es sintomático) es insoportable. No es cierto, las estadísticas comparativas demuestran lo contrario, que nuestra presión fiscal sigue por debajo de la media de la UE. Pero esa afirmación se ha impuesto como "verdad" incontrovertible.

Este impuesto, que se presenta como un azote más de las clases medias, afecta a poco más de 900.000 personas. Escasas clases medias hay en nuestro país. Pero más escasas son las clases altas, pues sólo 132 contribuyentes declararon en el 2005 más de 30 millones de patrimonio. País de pobres, ¿qué ha sido de las grandes fortunas, las de siempre y las de ahora? Ese año, poco más del 70 por ciento de los contribuyentes aportaron el 25 por ciento de la recaudación, mientras que el 6,5 por ciento aporta más del 40 por ciento. La dispersión es notable, lo que quiere decir que al suprimirse este impuesto unos pocos se ahorrarán mucho, más de cien mil euros, y muchos, una miseria.

Es cierto que el impacto equitativo de este impuesto es ridículo porque, como bien dijo el presidente en ese acto, "las clases más altas encuentran diversos instrumentos y fáciles mecanismos de elusión". Le faltó añadir que son los mecanismos que la legislación y la práctica administrativa ponen a disposición de esas clases. Lo que hay que hacer entonces no es suprimir este impuesto sino reformarlo, así como revisar esos mecanismos de elusión de las clases altas y luchar decididamente contra la evasión fiscal, todo ello en nombre de esa equidad abandonada. Pero para esto hace falta una cosa que se llama voluntad política, decisión para enfrentarse a intereses muy poderosos. Así como recordar que los sectores públicos limitados y vigorosos son la mejor receta para un sociedad y una economía al mismo tiempo más eficiente y más justa. Algo de lo que estamos lejos todavía, cuando nuestro gasto público total está varios puntos por debajo de la media de la UE, sobre todo en lo relativo al gasto social.

Luis de Velasco

EL HECHO DIFERENCIAL

A. Don Fernando Trapero. "In Memoriam".

 

La manifestación/concentración "unitaria" fallida del pasado 4 de diciembre entraña un síntoma muy grave de la actual situación política española, o, peor aún, de esta agonizante y agónica legislatura. Reflexionemos: ¿Por qué reunió, tan noble causa, a tan pocos, siendo, por una vez , todos, los convocados?

El que suscribe está convencido de que lo acaecido delata lo que podríamos llamar el hecho diferencial de esta legislatura. Un hecho gravísimo.

Creemos que este cuatrienio no es comparable a ningún otro periodo legislativo transcurrido desde la muerte del dictador Franco. Estos se podrán analizar o bien por su aportación a lo que se ha dado en llamar "La Transición" o bien, posteriormente, por sus aciertos o fallos en la gestión de los asuntos de gobierno, por su mayor o menor tira y afloja para conseguir estabilidad política en el marco constitucional o por los matices ideológicos con los que hayan querido impregnar la sociedad. Actuaciones políticas, aceptadas o combatidas, pero dentro de los valores democráticos y el respeto a la constitución compartidos por la inmensísima mayoría de los españoles.

En cambio desde 2004 se produce un hecho cualitativo insólito y distinto: el gobierno del P.S.O.E. decide, sin que figurara en su programa electoral, dar carta de naturaleza al separatismo a todos los niveles ( ERC, CyU, BNG, separatistas de Baleares, Nafarroa Bai en determinado Ayuntamiento….), y cerrar los ojos ante la barbarie terrorista, practicando una temeraria lenidad (Partido Comunista de las tierras vascas, A.N.V., asunto de Juana, supresión del delito de convocación de referenda ilegales, etc…).

Para seguir semejante política, el gobierno no duda en retorcer arteramente todos los medios que tiene para condicionar la aplicación de la justicia, ni en triturar la Constitución, de facto, para proceder a un entreguismo descarado a los separatistas. Esta estrategia política resulta absolutamente sorpresiva a una gran parte de los votantes de todo tipo, porque traiciona de lleno lo que se ha considerado siempre valores de la izquierda (universalismo frente a tribalismo, unidad, solidaridad frente a desigualdades…); pero lo más grave, sin duda, es que se lleva a cabo sin un acuerdo básico de la sociedad española sobre los valores que sostienen dicha estrategia.

Es decir, que en temas de Estado, diríamos que en asuntos de protección del Estado (terrorismo) e, incluso, de supervivencia del Estado (separatismo) en los que había un implícito y tácito acuerdo social de casi todos los españoles de que el gobierno debía enfrentarse enérgicamente a terroristas y separatistas, en esta legislatura, el Gobierno decide caminar hacia la fragmentación de los ciudadanos españoles y hacia la consideración de los terroristas como interlocutores políticos, sin el apoyo social cuasi unánime que tal cambio estructural de actitud requeriría.

Porque no estamos hablando de facilitar más o menos el divorcio, (bien facilitado), ni de rebajar unas décimas, o no, la tasa del I.R.P.F., estamos hablando de uno de los objetivos esenciales por los que existe el gobierno de una nación: la preservación de la existencia de dicha nación, es decir de la existencia de un colectivo llamado ciudadanos españoles, y la preservación de su libertad y seguridad. Ni más ni menos.

El hecho diferencial de esta legislatura es que el Gobierno abandona una parte de los valores compartidos por todos los españoles y adopta otros que repugnan a una parte muy numerosa de ciudadanos. No es que no guste como juegue, lo que valorábamos en gobiernos anteriores, es que decide irse del terreno para jugar a otra cosa distinta, y parte de los espectadores/votantes que estamos en el estadio, porque estábamos todos, decide irse, pero otra parte quiere permanecer en el estadio y ver jugar a lo de siempre.

El hecho diferencial es que este Gobierno ha propiciado una profunda fractura social.

De ahí que hubiese poca asistencia el día 4. La fractura ha generado una situación gravísima en política: el Gobierno ha perdido toda credibilidad en su (¿sincera?) intención de volver al terreno de juego inicial, al estadio dónde estábamos todos. La fractura ha hecho que una grandísima cantidad de españoles no confíen en absoluto en que el Gobierno les proteja y les preserve frente a los enemigos de la ciudadanía española, diga lo que diga ahora este Gobierno.

Dicho sea de paso, la campaña intensa para hacer creer a los votantes que el Gobierno no fue lo que fue, y que de nuevo ha vuelto al redil, por lo oportunista y lo poco sutil, queda patética para quién tenga dos dedos de frente política.

Pero lo grave es lo que se ha expuesto: una parte muy abundante de ciudadanos españoles, de todo el espectro ideológico, no se siente amparada ni protegida por este Gobierno, y no confía en él para sus misiones fundamentales. No cree que las cumpla mal, cree que no quiere cumplirlas. Y eso suele partir una sociedad en dos. Un hecho diferencial desastroso.

Para reconducir esta situación y recuperar una confianza mayoritaria en la ética de los Gobiernos, haya o no discrepancia sobre su gestión, conviene acudir al remedio que propugna Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: son necesarios pacto de Estado entre los partidos de ámbito nacional y constitucionalistas que acuerden la manera de enfrentarse a los asesinos terroristas, a sus cómplices y a los que se benefician de su existencia, así como de enfrentarse a los chantajes separatistas. Un acuerdo a la alemana, o a la inglesa entre partidos, oponiéndose conjuntamente al separatismo escocés, devolvería la confianza en políticos y gobiernos.

Soldar la fractura producida en esta legislatura es urgente, pero sobre todo, ha de ser creíble. La credibilidad de Ciudadanos se la tienen que ganar los demás partidos.

Enrique Calvet

La autodeterminación en Europa

Asistiendo al acto inaugural del European Council on Foreign Relations en Madrid, el pasado día 3, uno podía encontrarse con lustrosos actores de la política europea.

Javier Solana, Emma Bonino, Ana Palacio y Mabel van Oranje eran cuatro de los ponentes. Narcis Serra y destacados representantes políticos y del cuerpo diplomático copaban el Salón de Actos del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Como mero mortal escondido entre la audiencia, no pude evitar una sonrisa al constatar que un acto sobre la importancia del logro de una unidad de acción europea en la política internacional se llevase a cabo en un foro tan ligado al crédito.

Efectivamente, el crédito y la credibilidad son cruciales a la hora de aproximarse a este fenómeno. Y no precisamente por lo mucho que rebosan en nuestras arcas políticas; unas arcas seriamente dañadas en las últimas décadas por tragedias tales como la violenta descomposición de la antigua Yugoslavia o la incapacidad de articular una postura común en torno a casi cualquiera de las cuestiones geoestratégicas clave.

El crédito europeo –UE–, en materia de política internacional, es mucho menor que el de varios de sus países miembros individualmente considerados. No se trata de estimar si esto es algo bueno o malo. Se trata de constatar un simple hecho para evitar caer en la melancolía de una realidad que nos gustaría que fuese distinta.

No sé si tras escuchar tantos grandilocuentes llamamientos a hacer tal o cual cosa en lugares tan exóticos como Irán, Rusia o Turquía, aún seguía con esa sonrisa sardónica al pedir la palabra, en el turno de preguntas y respuestas, para cuestionar a los notables del panel por su opinión respecto a la vigencia de supuestos derechos de autodeterminación en la Unión Europea actual.

Tras un breve segundo suficiente para que varios de los, hasta ese momento, alegres participantes en una verdadera orgía de autoimportancia geoestratégica y superioridad moral impostada se les descompusiera el rictus de oronda satisfacción. Entre ellos destacaba nuestro muy querido Narcis(o) Serrra, quien tras oír la incómoda pregunta no dudó un instante en poner pies en polvorosa.

Pero el segundo transcurrió al fin, y una desconcertada periodista –corresponsal en el extranjero de Radio Nacional de España para más señas– puso fin a la insolente pregunta con el ya clásico "no toca". Se suponía, de acuerdo con la improvisada censora, que lo suyo era preguntar por paraísos perdidos en los libros de Emilio Salgari. Nada, ay, que estuviese tan dolorosamente cerca del Paseo de la Castellana.

Para añadir injuria al insulto, tras finalizar el encuentro, otra periodista se acercó a un servidor forzando una mueca de comprensión, asumiendo, saben lo que viene ahora ¿no?, que el autor de la pregunta era un vasco reclamando legítimamente lo suyo, lo mismo que lo de los kosovares, eso de lo de la autodeterminación, vaya. Y tal y tal.

Así que ya saben, el nacionalismo separatista es un vicio público que se comprende en privado. El antinacionalismo o el no nacionalismo beligerante ni se contempla como una opción política; ni siquiera entre los heterodoxos o desviados de la oficialidad de salón.

Jacobo Elosua