Legalidad y convivencia
No todo lo legal, es conveniente: aunque es obvio, hay que aclararlo. Jaume Matas ha renunciado a su escaño y abandona la política. Su partido ha obtenido, más o menos, tantos votos como los otros seis partidos (o más) que ahora formarán el Gobierno autonómo, el Consell Insular y el Ayuntamiento de Palma. Sin embargo, el PP, el partido de Matas, por un solo escaño no ha alcanzado la mayoría absoluta en cada una de estas tres instituciones y a consecuencia de los pactos entre los demás partidos no ha podido acceder a gobernarlas.
La decisión última para formar esta coalición anti-PP ha estado en manos de Unió Mallorquina, el partido de Maria Antonia Munar, que ha obtenido en las elecciones autonómicas sólo 28.000 votos, el 6,7% del total en la comunidad. La señora Munar se ha convertido en árbitro de la política de Baleares: en 1995 entregó sus escaños al PP, en 1999 a una coalición dirigida por el PSOE, en el 2003 otra vez al PP y ahora, previsiblemente hasta el 2001, otra vez a los mismos que en 1999. Durante 16 años ha decidido quien gobierna en Baleares.
¿Es todo ello legal y legítimo? Lo es. ¿Es acertado para que los ciudadanos tengan confianza en las instituciones y en el valor del voto? Tengo dudas. Situación parecida es la de Navarra, todavía sin resolver. Ahí el PSOE ha quedado en tercer lugar, con empate a escaños con Na Bai, una coalición nacionalista que va desde el PNV hasta Aralar, una interesante escisión de Batasuna que condena la violencia de ETA. Sin embargo, UPN, la marca del PP en Navarra, tiene 22 diputados mientras que PSOE y Na Bai tienen 24 cada uno, una diferencia más que notable. Ambos bloques tienen como aliados respectivos al CDN de Juan Cruz Allí y a IU: cada uno aporta dos diputados. Canarias también ofrece alguna semejanza pero con marcadas diferencias: aunque el PSOE ha triunfado por un amplio margen de escaños, gobernarán el PP y Coalición Canaria. Ahora bien, en este caso, son estos partidos ideológicamente semejantes y con larga tradición de colaboración política.
Nos encontramos, pues, con situaciones distintas pero con un denominador común: el gobierno que sale elegido no es el previsto por muchos de los electores al depositar el voto. Y ahí está el problema: la decepción de muchos ciudadanos al ver como este voto es utilizado para formar gobierno. Lo mismo ha sucedido en las dos últimas autonómicas catalanas en las que CiU fue el partido ganador en escaños y no se sabía a quién iría a parar el voto a ERC e, incluso en las más recientes, el voto al PSC. También hay semejanzas con el extraño comportamiento de Portabella al formar equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona.
Todo, sin duda, perfectamente legal y legítimo, pero…. Volvamos a los interrogantes antes planteados: ¿son convenientes estas incertidumbres para la salud de la democracia? A mi parecer, la respuesta correcta se resume en una sola palabra: depende. ¿Depende de qué? Depende de la naturaleza del pacto entre partidos. Veamos.
Si se trata de un pacto debido a las afinidades programáticas e ideológicas de los partidos que se coaligan, pacto que puede ser fácilmente comprendido por sus electores, la confianza en el valor del voto, en definitiva en la democracia, no se resiente. Ahora bien, si el pacto sólo parece ser debido a las ansias de poder de unos dirigentes y sus electores lo contemplan como una traición a las ideas por las cuales les han votado, su desconfianza se hace patente y, en las próximas elecciones, cambiarán de partido, votarán en blanco o se abstendrán.
¿A quién estás eligiendo cuando votas al partido de la señora Munar, al PP o al PSOE? ¿A quien estás eligiendo cuando votas en Baleares al PSOE, a este partido o bien a una extraña coalición llamada Bloc que incluye al PSM, a los Verds, a IU y a ERC? Si votas en Navarra al PSOE, ¿estás auspiciando un gobierno con IU, el PNV y EA? Me temo que muchos electores no entienden estás sorprendentes derivadas de su voto.
La decisión última para formar esta coalición anti-PP ha estado en manos de Unió Mallorquina, el partido de Maria Antonia Munar, que ha obtenido en las elecciones autonómicas sólo 28.000 votos, el 6,7% del total en la comunidad. La señora Munar se ha convertido en árbitro de la política de Baleares: en 1995 entregó sus escaños al PP, en 1999 a una coalición dirigida por el PSOE, en el 2003 otra vez al PP y ahora, previsiblemente hasta el 2001, otra vez a los mismos que en 1999. Durante 16 años ha decidido quien gobierna en Baleares.
¿Es todo ello legal y legítimo? Lo es. ¿Es acertado para que los ciudadanos tengan confianza en las instituciones y en el valor del voto? Tengo dudas. Situación parecida es la de Navarra, todavía sin resolver. Ahí el PSOE ha quedado en tercer lugar, con empate a escaños con Na Bai, una coalición nacionalista que va desde el PNV hasta Aralar, una interesante escisión de Batasuna que condena la violencia de ETA. Sin embargo, UPN, la marca del PP en Navarra, tiene 22 diputados mientras que PSOE y Na Bai tienen 24 cada uno, una diferencia más que notable. Ambos bloques tienen como aliados respectivos al CDN de Juan Cruz Allí y a IU: cada uno aporta dos diputados. Canarias también ofrece alguna semejanza pero con marcadas diferencias: aunque el PSOE ha triunfado por un amplio margen de escaños, gobernarán el PP y Coalición Canaria. Ahora bien, en este caso, son estos partidos ideológicamente semejantes y con larga tradición de colaboración política.
Nos encontramos, pues, con situaciones distintas pero con un denominador común: el gobierno que sale elegido no es el previsto por muchos de los electores al depositar el voto. Y ahí está el problema: la decepción de muchos ciudadanos al ver como este voto es utilizado para formar gobierno. Lo mismo ha sucedido en las dos últimas autonómicas catalanas en las que CiU fue el partido ganador en escaños y no se sabía a quién iría a parar el voto a ERC e, incluso en las más recientes, el voto al PSC. También hay semejanzas con el extraño comportamiento de Portabella al formar equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona.
Todo, sin duda, perfectamente legal y legítimo, pero…. Volvamos a los interrogantes antes planteados: ¿son convenientes estas incertidumbres para la salud de la democracia? A mi parecer, la respuesta correcta se resume en una sola palabra: depende. ¿Depende de qué? Depende de la naturaleza del pacto entre partidos. Veamos.
Si se trata de un pacto debido a las afinidades programáticas e ideológicas de los partidos que se coaligan, pacto que puede ser fácilmente comprendido por sus electores, la confianza en el valor del voto, en definitiva en la democracia, no se resiente. Ahora bien, si el pacto sólo parece ser debido a las ansias de poder de unos dirigentes y sus electores lo contemplan como una traición a las ideas por las cuales les han votado, su desconfianza se hace patente y, en las próximas elecciones, cambiarán de partido, votarán en blanco o se abstendrán.
¿A quién estás eligiendo cuando votas al partido de la señora Munar, al PP o al PSOE? ¿A quien estás eligiendo cuando votas en Baleares al PSOE, a este partido o bien a una extraña coalición llamada Bloc que incluye al PSM, a los Verds, a IU y a ERC? Si votas en Navarra al PSOE, ¿estás auspiciando un gobierno con IU, el PNV y EA? Me temo que muchos electores no entienden estás sorprendentes derivadas de su voto.
Francesc de Carreras
2 comentarios:
Hombre, Francesc, este comentario tenía sentido en el año 1977. Ahora no tiene sentido.
En Cataluña, por dos veces, la gente ha votado al tripartito.
Si te fastidia que no te voten a ti, te aguantas, pero no deslegitimes la victoria de ellos.
Hace ya bastante tiempo que algunos nos planteamos este problema del excesivo poder de pequeños partidos, pero a mí me preocupa que la conclusión sea reducir la pluralidad política.
Creo que el bipartidismo no es bueno. Prefiero un sistema más plural, para lo cual habría que reformar las leyes electorales, pero no para reducir la pluralidad sino para evitar problemas como los que mencionas.
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