Idiomas nuestros, fronteras suyas

La tarea más urgente, tal vez, que les espera a los ilustrados y progresistas españoles del inicial siglo XXI sea rebatir una serie de lugares comunes absolutamente falsos (interesadamente falsos) que se han inoculado en la mente de los votantes con toda la mala intención disgregadora. Si la democracia consiste en elegir libremente, pero nunca desde la ignorancia ni el desconocimiento, uno se da cuenta de que la tarea además de urgente es crucial, y agradece la dedicación de los maestros como Savater, Azúa, Delgado-Gal, etc.. y por sólo citar tres.

En este escritillo, la benevolencia de Uds. permitirá que me centre en una de esas armas arrojadizas verbales y arteras que sólo crean división y rencor. Así, se ha establecido que los únicos defensores de las lenguas vernáculas que existen en España, fuera del castellano, son los partidos nacionalistas y los “verdaderos” indígenas (catalanes, gallegos, vascos) que son los que votan nacionalista. Ese es su deber (en exclusiva) y, ¡faltaría más!, es una defensa que tienen que ejercer “contra” los agresores que , se habrán dado cuenta Uds., somos el resto de los españoles que no votamos “identitario”.

Pues empecemos diciendo que el que esto redacta, como una multitud de españoles, considera un bien cultural inapreciable que en España haya tres idiomas regionales. No son muchos. En Francia y en Alemania, por ejemplo, hay algunos más, pero es estupendo tener por lo menos tres. Además, la extinción de una lengua viva es como si se cayera la catedral de León, una pérdida irreparable.

Por eso mismo, el máximo deber de proteger , preservar y difundir al catalán, gallego y vascuence recae ni más ni menos que en el Gobierno de España. (y para el catalán y vascuence, también en el francés). Y con mis impuestos, por supuesto, porque lo que le sucede a los mayores bienes culturales de España, estén dónde estén, me compete, me interpela y me afecta. Esa es la verdad que se ha de enseñar (por ejemplo en Educación para la Ciudadanía). También pueden y deben intervenir, por supuesto, otras Instituciones, como los gobiernos regionales o la UNESCO, por ejemplo. Pero nunca “contra” un inexistente enemigo, el Estado o el Gobierno, inventado con toda la mala uva para obtener más votos para las oligarquías secesionistas. El Estado, los ciudadanos españoles, somos los aliados en la defensa de “nuestras” lenguas vernáculas. Las de todos.

¿Qué tiene que ver esto con la inmersión y el ataque para desterrar al castellano de la vida pública y de los carteles en las carreteras? Absolutamente nada. Hemos dado un triple salto mortal y hemos pasado de los bienes culturales que nos unen a la política sectaria que siembra enfrentamiento, exclusión, pobreza…Ya no se trata de subvencionar teatro y películas en catalán, de promover, con dinero estatal, por supuesto, cátedras de vascuence en todas las Universidades de España, de sufragar televisiones públicas en gallego, de editar grandes y pequeñas obras en lenguas vernáculas, de programar estudios obligatorios de las lenguas indígenas en las regiones dónde tengan raíz histórica, etc…En vez se trata de excluir al castellano, de utilizar el idioma,no para comunicarse, sino para ser la marca de fuego que separe al “nosotros que lo sabemos de tiempo” (los buenos) de “los que apenas lo chapurrean” (los malos invasores), y de ahí, leña al mono como modelo de convivencia Ciudadana. Se trata de poner multas, de coaccionar en las escuelas, de impedir la libre circulación del trabajo, de crear ciudadanos de primera y de segunda. Se trata, en fin, de poner fronteras étnicas y sembrar enfrentamiento donde hubo potencial e ilustrada riqueza cultural.

Espero, y siempre exigiré, que nuestro Gobierno de España proteja y desarrolle continuamente nuestras lenguas españolas todas, cumpliendo con una obligación insoslayable. Sería indispensable que también cumpliera con otras obligaciones como hacer cumplir las leyes (La Constitución) y la de proteger el uso del castellano como lengua de comunicación universal en toda España y en todos los servicios públicos (Educación, Justicia, Sanidad…). Como en las muy democráticas Alemania y Francia, que decíamos antes.

Enrique Calvet