martes, 18 de diciembre de 2007

Balancines fiscales

Casi nos la cuelan.

Llevábamos años de burda manipulación de los nacional-separatistas en torno al manido asunto de las balanzas fiscales, y ahora resulta que a cuenta de un nuevo estudio –“Las balanzas fiscales de las comunidades autónomas con la Administración Pública Central (1991-2005)”, de Ezequiel Uriel y Ramón Barberán, publicada por la Fundación BBVA en noviembre de 2007–, ahora resulta, digo, que las conclusiones son las mismas… pero al contrario: que la comunidad expoliada o solidaria– que cada cual elija la terminología de sus amores– es Madrid y no Cataluña.

En un estudio elaborado en noviembre desde el prestigiosísimo Cercle d’Estudis Sobiranistes, titulado con un suficientemente expresivo “Infraestructures a Catalunya: un col·lapse anunciat”, los autores del raquítico estudio –10 páginas tan sólo– sabían sobreponerse a las grandes dificultades metodológicas presentes en los trabajos de estas características, para concluir, con tintes paranoico-conspirativos, y evidenciando una nula capacidad de sorpresa: “Sin Estado, Cataluña no tiene futuro. Con el Estado al contra, no tiene ni presente”.

En marcado contraste con ejemplos tendenciosos hasta el extremo como el recién citado, el estudio de Uriel y Barberán, en un afán encomiable, anunciaba su pretensión de perfeccionar la metodología de cálculo de las balanzas fiscales. Y es por ahí por donde caminamos en la dirección correcta, como muy bien ha escrito el economista asturiano Manuel Sarachaga.

Más que lanzarse a interpretar los resultados aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, tal y como se apresuraron a hacer los grandes medios tras el anuncio de su publicación, el trabajo de Uriel y Barberán debe ser examinado meticulosamente desde una óptica metodológica.

Así, en este estudio de la Fundación BBVA , los resultados se obtienen con arreglo al denominado enfoque ‘carga-beneficio’ para todas las autonomías en el período comprendido entre 1991 y 2005. Según este enfoque, los ingresos de la Administración Central se imputan al territorio donde residen las personas que, finalmente, soportan su carga. Los gastos, por su parte, son atribuidos al territorio donde residen las personas que disfrutan de sus beneficios.

Por evidente que pueda parecer esta opción metodológica, conviene detenerse un instante en los distintos modos de imputar ingresos y gastos. Los criterios de ‘territorialización’ contienen la mayoría de las claves interpretativas de los resultados matemáticos obtenidos.

Por el lado de los ingresos, por ejemplo, es preciso abordar el problema del tratamiento otorgado al impuesto de sociedades. Todas las empresas, por más que operen en el ámbito nacional, tienen su sede social en una localidad y comunidad autónoma determinada. Estas empresas, sin embargo, extraen su beneficio antes de impuestos –magnitud objeto de gravamen– de las múltiples transacciones de naturaleza comercial efectuadas a lo largo y ancho del territorio.

Siendo esto así, resulta difícilmente justificable contabilizar en los cálculos de balanza fiscal esos impuestos sobre el beneficio como ‘propios’ –mediante dudosas asunciones intermedias– de los territorios donde las empresas gozan de claros incentivos para fijar sus centros corporativos –Madrid y Barcelona principalmente en el caso español–.

Y como este ejemplo otros tantos. Las balanzas fiscales son instrumentos toscos. No se pueden blandir frívolamente como armas políticas en un sentido u otro.

Pero que nadie se alarme por estos incómodos obstáculos teóricos a la manipulación informativa. Existe un buen modo de corregir el injusto expolio o la excesiva solidaridad de esa criatura llamada balanza o balancín fiscal –por su incontestable contenido ludo-político–. Consiste, para el caso catalán, en anexionarse territorios con contribuyentes de poca estofa en la limítrofe provincia de Teruel. ¿Creen que es broma? Pues si consultan la edición catalana del Trivial Pursuit –Trivial Catalunya– quizá empiecen a pensar que no lo es tanto….

Jacobo Elosua

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