Mensaje a la clase política

Publicado en la Vanguardia

Francesc de Carreras

El tradicional mensaje navideño del Rey ha ido dirigido este año, en buena parte, a la clase política, interpretando probablemente el pensamiento de muchos españoles.

La filosofía de fondo de dicho mensaje parte del concepto de democracia constitucional, implícito en nuestra carta magna y muy presente en la ideología de nuestros constituyentes. En efecto, la democracia constitucional se distingue de la democracia jacobina en que un Parlamento no es absolutamente libre de tomar cualquier decisión sino que está limitado por los principios y reglas constitucionales. No se trata, por tanto, del mero gobierno de una determinada mayoría parlamentaria sobre una minoría, producto una y otra de elecciones libres, sino del gobierno de esa mayoría respetando la Constitución, la cual debe ser entendida de acuerdo con la interpretación que establezca el Tribunal Constitucional, institución clave de esta forma de democracia.

Nuestra Constitución, además, está basada en el consenso, es decir, en el acuerdo de la gran mayoría de las fuerzas políticas constituyentes en la totalidad de los principios y reglas constitucionales. De este acuerdo nace el compromiso de respetar dichas normas y, en caso de pretender cambiarlas, observar unos procedimientos previstos en la misma Constitución, dirigidos a renovar dicho consenso mediante una deliberación compleja y la aprobación de estos cambios por amplias mayorías. Sólo el consenso permite la estabilidad necesaria para que una Constitución sea funcionalmente eficaz.

Todo ello lo ha recordado implícitamente el Rey en su mensaje navideño y le ha dado una acertada denominación: la cultura de la unidad. En efecto, la Constitución es la base de la unidad del Estado. Y no nos referimos sólo a la unidad territorial sino a otra más profunda y previa: a la unidad de valores y principios políticos, a la unidad que vincula a todos los poderes y de la que es guardián en última instancia el Tribunal Constitucional.

Ahora bien, además de la unidad que implica la Constitución, también hay aspectos de las políticas concretas de los respectivos Gobiernos, sean del signo que sean, que requieren consenso, es decir, unidad, no porque lo prescriba la Constitución sino porque lo requiere el interés general que es deducible de argumentos racionales. Se trata de aquellas políticas concretas que para ser eficaces también necesitan estabilidad y continuidad, cuando menos en sus elementos estructurales básicos. Políticas cuya efectividad depende del largo plazo y que en modo alguno pueden ser operativas en los cuatro años que dura una legislatura. Estas políticas concretas suelen afectar en todos los países a la economía, a las relaciones internacionales y a la estructura territorial; a mi parecer, en la España actual, por razones coyunturales, también afectan a la política antiterrorista, a la inmigración y a la educación.

En política económica el consenso es relativamente fácil dado que viene muy determinado por la Unión Europea y los márgenes de actuación – que los hay – son escasos. Más autónoma es la política internacional, cuya continuidad es necesaria porque está basada en la confianza de otros Estados y organizaciones internacionales. Ambas deben ser políticas de Estado, no de gobiernos concretos. En cuanto a la estructura territorial, al Estado de las autonomías, el consenso es, más que necesario, imprescindible, ya que afecta a un aspecto básico de la organización del Estado: cualquier error puede provocar que los poderes públicos resulten más ineficaces para el ciudadano y más caros para el contribuyente. Más allá de factores identitarios y sentimentales aquí deben primar, sobre todo, factores de eficiencia pública, factores funcionales. Al fin y al cabo, el Estado, en su conjunto, no es más que un instrumento al servicio de su población: cuando más eficaz y barato sea para realizar la libertad e igualdad de los ciudadanos, mejor cumplirá con la única función que tiene asignada.

En los demás aspectos, también razones funcionales hacen necesaria la continuidad y, por tanto, el consenso. La política antiterrorista requiere que los terroristas sepan que sus actos son delito y que este delito no les será conmutado por circunstancias políticas. Vacilaciones en este sentido sólo hacen que los gobernantes pierdan autoridad, que el miedo al futuro impere en la población y que las víctimas no se sientan reparadas. Las políticas de inmigración exigen el largo plazo porque afectan a muchas otras políticas: vivienda, economía, empleo, pensiones, seguridad social, cultura, seguridad, enseñanza y un largo etcétera. Los vaivenes en este campo siembran el desconcierto en muchas otras políticas. Por último, creo que hay un amplio acuerdo en que los defectos de la educación, en todos los niveles, provienen, en parte, de los continuos cambios en planes de estudio, ciclos docentes y acceso y estatus del profesorado. Un acuerdo que diera estabilidad, por lo menos, en estos aspectos, redundaría en beneficio de la política educativa general.

Se acercan unas elecciones importantes. El principal defecto de la legislatura ya pasada ha sido, probablemente, la ruptura de determinados consensos básicos en todas las materias enumeradas. El recordatorio que ha efectuado el Rey en su mensaje navideño debería hacer meditar a la clase política y también al ciudadano que pronto acudirá a las urnas.